El Consell aprobó ayer en un pleno extraordinario el anteproyecto de la ley que permite dotar de un marco legal a las medidas que luego se desarrollarán en el presupuesto para 2019, el último que elaborará este gobierno del Botànic antes de que las próximas elecciones municipales y autonómicas den paso a un nuevo mandato. Se trata de un documento crucial -conocido como la Ley de Acompañamiento- para modificar medidas fiscales, administrativas o de organización de cara al próximo ejercicio y que este año recoge novedades para reducir al máximo la brecha digital en pequeños municipios y centros empresariales al retirar las tasas que gravan la construcción de obras e instalaciones destinadas a las telecomunicaciones tanto en zonas de dominio público como de protección de la carretera. Este impuesto se había convertido en una barrera para llevar la banda ancha a las zonas rurales y polígonos industriales de la Comunidad Valenciana, «al convertirse en factor disuasorio de las inversiones por parte de las operadoras privadas», según señalaron en rueda de prensa la vicepresidenta Mónica Oltra y el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

En plena polémica sobre la necesidad de mantener las diputaciones provinciales con un debate que el Consell ha alimentado en las últimas semanas con distintas medidas y propuestas para difuminar las competencias de estas instituciones provinciales, la Generalitat hace hincapié con sus políticas destinadas a los pequeños municipios, a quienes va dirigida esta medida sobre las tasas. Supone disminuir la brecha digital que existe en todo el territorio de la Comunidad y en el interior de la provincia entre los grandes municipios y los más pequeños. También supone una contracción de la brecha digital respecto a los pequeños pueblos de interior y los que están en zona costera, donde hay más instalaciones para la banda ancha.

Esta medida se llevará a cabo en el marco de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento y del Plan de Banda Ancha de alta velocidad de la Generalitat. Actualmente, el despliegue de fibra óptica está concentrado en municipios de más de 10.000 habitantes y zonas costeras, frente a las zonas rurales y de interior. En cuanto a los parques empresariales, solo el 20% cuenta con fibra óptica, según los datos del Consell. A modo de ejemplo, según explicaron ayer fuentes de la Generalitat, teniendo en cuenta que la tasa supone un coste de 43 euros por metro lineal de conducción, llevar la fibra óptica desde un municipio a otro a 10 kilómetros supone 430.000 euros por la autorización, obra civil al margen, con el añadido de que se trata de zonas con menor demanda. La tasa también penaliza la extensión a los polígonos industriales, en ocasiones alejados de los municipios.

La Ley de Acompañamiento autoriza, por otro lado, la creación del Fondo FinInVal, que será gestionado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el objetivo de impulsar financieramente proyectos de inversión e innovación desde las diferentes conselleries. Los Presupuestos de 2019 incluirán una partida de alrededor de 9,5 millones para compensar a las universidades por la reducción de ingresos como consecuencia de las menores tasas a abonar por los estudiantes. La rebaja bianual del 15% comportará que la Comunidad Valenciana haya pasado de ser una de las autonomías con las matrículas universitarias más caras a estar en la media estatal.

El texto incorpora también una modificación de la ley valenciana de Puertos para posibilitar que en los puertos de titularidad de la Generalitat, en aquellos casos donde la singularidad lo justifique, se pueda habilitar al Consell para regular y establecer nuevas formas de gestión autónoma de estas infraestructuras. Se amplía de 30 a 50 años el plazo de las concesiones sobre los puertos, confluyendo en los regímenes de plazos y prórrogas existentes en los puertos de competencia estatal y en los de la mayoría de las comunidades.

Una de las grandes novedades de la ley en materia social es la que afecta a las medidas de protección contra la Violencia de Género. En concreto, se establece el derecho a una indemnización no solo por muerte, sino por invalidez grave o incapacidad. Además, la ley amplía los beneficiarios de la indemnizacion a los hijos aunque no tengan dependencia económica. Se introduce asimismo la figura de la persona coordinadora de igualdad en todos los centros escolares con el objetivo de avanzar en la formación para la igualdad en el ámbito educativo y en la incorporación de las perspectivas de género. El texto llegó ayer al Consell tras haber pasado la fase de información pública, se remitirá al Consell Jurídic Consultiu (CJC) y al Comité Econòmic i Social (CES) para iniciar su trámite finalmente a las Cortes.