El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha convocado este mañana la Comisión Provincial del Agua para exigir al Gobierno el convenio que regularice el trasvase Júcar-Vinalopó y para reclamar ahora el funcionamiento de la desaladora de Torrevieja,

El jefe de la institución alicantina ha reunido a todos los miembros de la comisión, entre los que se ha incorporado el lobby INECA por primera vez, en el salón de plenos del Palacio Provincial. César Sánchez ha recordado que se envió el Convenio al Gobierno de España y tras la moción de censura "hemos dado un plazo y estado expectantes, pero el nuevo gobierno tiene en la mesa un convenio para regular el trasvase Júcar-Vinalopó y dar seguridad y estabilidad a este trasvase, por lo que es importantes que se pronuncie la mesa del agua para transmitir esta preocupación".

En este sentido, ha dicho que la provincia, los agricultores, la industria y el sector turísticas necesitan de esa respuesta del Gobierno.

Otro punto que se abordará, según consta en el orden del día, es el funcionamiento de la desaladora de Torrevieja. El diputado de Agua, Paco Saez, ha explicado que cuando la desaladora de Torrevieja -la más grande de Europa- produzca los 120 hectómetros cúbidos previstos, que se hagan "las obras necesarias para que el agua llegue a las comunidades de regantes, especialmente a Riegos de Levante margen izquierda, una comunidad con muchos usuarios". "Se va a pedir que se ejecuten las obras para tener ese agua".

Respecto al Tajo Segura César Sánchez ha indicado que se abordará también su situación "porque es una preocupación que siempre existe" y lo que queremos es el cumplimiento del memorándum firmado por cinco comunidades autónomas y el Gobierno de España.

Este es uno de los asuntos que el presidente de la Diputación ha reclamado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que se lo exija mañana a Pedro Sánchez en su reunión en Moncloa.

El máximo responsable de la Diputación ha pedido a Puig que transmita mañana al jefe del ejecutivo tres puntos necesarios para la Comunidad y la provincia: la financiación, el cumplimiento del memorándum del agua y dotar de seguridad jurídica el convenio del Júcar-Vinalopó . "Lo primero la financiación. Aquí hemos visto mucha manifestación y Pedro Sánchez prometió el oro y el moro. Parece que ahora hay connivencia entre los dos".

SIN COMUNICACIÓN CON EL CONSELL

El presidente de la Diputación ha explicado esta mañana que desde que las Cortes aprobaron la ley de Mancomunidades -que permite crear entes supramunicipales en forma de mancomunidades para optar a los recursos dela institución provincial- no ha habido ningún tipo de comunicación con el Consell y que todo lo que ha sabido la Diputación de Alicante ha sido a través de la prensa.

Sánchez ha indicado que el ejecutivo de Puig y Oltra ya intentó eliminar las competencias en turismo y deportes, que luego "puso en marcha un decreto para eliminar el castellano de las aulas" y que ahora la Ley de Mancomunidades y la reforma planteada de la Ley de Bases del Régimen Local "es un cúmulo de ataques a la Diputación y de ruptura social si sigue gobernando un partido que se alía con Compromís y que simpatiza con los independentistas".

Ha señalado que cuando se emitieron los decretos del Consell que "atacaban" a las diputaciones la institución provincial "tiene margen de maniobra", algo que no ocurre en este caso porque se trata de una ley. "No obstante nuestros servicios jurídicos están estudiando cada una de estas cosas que conocemos, únicamente, a través de los medios de comunicación".

Ha recordado que Puig no ha pisado todavía en más de tres años el Palacio Provincial de Alicante, "un palacio que representa a los 141 municipios de la provincia" y ha vuelto a insistir en la "ruta clara de Els Paisos Catalans" que sigue la Comunidad Valenciana y que puede desembocar en unos años en una situación similar a la de Cataluña.