Nunca la Audiencia Nacional habría reabierto la pieza del caso Gürtel que investiga la contratación por parte de la Generalitat a Orange Market (la filial valenciana del entramado empresarial de Francisco Correa) de una guía de la comunicación y un pendrive que se iba a utilizar como regalo institucional si el promotor alicantino Enrique Ortiz no hubiera llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Un pacto por el que no solo se convirtió en el primer empresario del país que admitía, a cambio de librarse de la prisión, haber financiado al PP, sino que mostró el camino a seguir al resto de los «mecenas» acusados en este proceso, todos ellos grandes contratistas públicos de la Comunidad.

Pero la confesión de Ortiz fue mucho más. Fue el golpe de gracia que propició que desde Correa y sus hombres hasta el exvicesecretario de los populares en estas tierras y mano derecha del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el partido fueran cayendo como fichas de dominó en la confesión de unos hechos que, desde que se destapó el caso Gürtel, habían negado hasta la muerte. Aunque no sólo admitieron que las arcas del PP se llenaban de modo irregular obligando a esos empresarios a llegar a donde la formación conservadora no llegaba para financiar los fastos de los saraos electorales sino que, enfangados ya como estaban, optaron por disparar al vértice de la pirámide.

Primero fue Correa, que en su declaración acorraló a Costa pero dejando claro que la llegada de sus tentáculos empresariales a Valencia a través de Álvaro Pérez fue cosa de Camps vía Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Después, más tibio, el número dos de la trama, Pablo Crespo. Y a continuación, ya sin pelos en la lengua, El Bigotes, quien aseveró sin pestañear que «en Valencia solo mandaba uno», en alusión a su otrora amiguito del alma, y que nada se movía sin que él lo supiera. La carnaza estaba servida.

Recorrido judicial

Las declaraciones no cayeron en saco roto para los oídos de los fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Carlos Alba, quienes casi a renglón seguido anunciaron la intención de la Fiscalía de estudiar la posibilidad de investigar a Camps por unos hechos que arrastraban de entrada la sombra de la prescripción. Una intención que ayer dio sus frutos en el auto que obliga al juez José de la Mata a investigar si las adjudicaciones se ajustaron a Derecho aunque no son pocos los juristas que consideran «cogida por los pelos» la reapertura de una causa a la que no auguran mucho recorrido.