La aprobación este jueves de la Ley de Mancomunidades dela Comunidad Valenciana ha sentado como un tiro al PP y ha entrado como una bomba de relojería en la Diputación Provincial de Alicante. La normativa pretende que los distintos municipios se agrupen en mancomunidades comarcales con el fin de prestarse servicios y percibir con prioridad subvenciones de la Diputación.
Desde el PP, el diputado autonómico benidormí Manuel Pérez Fenoll, ha defendido en las Cortes el "despropósito" y el "pésimo proyecto" que supone esta ley, aprobada con los votos del PSPV, Compromis y los no adscritos, y que ha contado con el rechazo del PP y de Cs. "Lo que quieren es cargarse las provincias", ha indicado Pérez Fenoll, una manifestación a la que se ha sumado el presidente provincial del PP, José Císcar.
Por su parte, el presidente de la institución más afectada de Alicante -la Diputación Provincial- ha atacado el proyecto con el argumento de la catalanización y ha dicho que la Generalitat "copia y plagia" lo que ya hizo Jordi Pujol en Cataluña.
La nueva normativa pretende fomentar y regular el desarrollo de las mancomunidades e introduce como nueva figura las mancomunidades de ámbito comarcal. De esta forma, los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, podrán constituirse en mancomunidades de ámbito comarcal y configurarse así como entidades locales.
Podrán atribuirse la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal -es deicr, absorber funciones que presta la Diputación- representando los intereses de la población y territorio. Además, podrán presentarse a las subvenciones de los planes de obras de la Diputación con carácter prioritario.
También se establecen nuevas fórmulas de coordinación de funciones municipales por las mancomunidades como son la prestación conjunta de servicios, licitación de contratos y personal conjunto.
Durante el debate parlamentario, el parlamentario de Cs, Toni Subiela, ha señalado que su formación no está en contra de las mancomunidades que "vertebran y garantizan la prestación de servicios en municipios pequeños", pero sí contra esta norma al entender que no tiene como objetivo "normalizarlas, sino crear chiringuitos comarcales con fines partidistas". "Es imponer un modelo territorial", ha dicho.
Desde Podem, Antonio Montiel ha destacado que su formación ha perseguido lograr mancomunidades "robustas y al servicio de la ciudadanía" para garantizar y asegurar recursos y cree que se ha cumplido esa misión, aunque ha puntualizado que ha echado de menos "un debate social y político sobre el modelo territorial e institucional".
"Es necesario un debate sobre cómo ejercer las competencias en materia de autoorganización y régimen local y debatir sobre las diputaciones, esa estructura administrativa decimonónica. El PSPV no puede seguir eludiendo el debate acerca de unas diputaciones que se han convertido en el refugio de segundones de las familias políticas y que son ámbitos propicios para el nepotismo y el clientelismo", ha puntualizado para insistir en que hay "mucho que debatir sobre el modelo territorial".
Desde Compromís, el diputado Paco García ha destacado que la norma supone "un gran avance en el municipalismo valenciano" y "una superación" de Ley De Régimen Local Valenciano, al pasar de una norma "presidencialista a otra que tiene un carácter plural y representativo". Por ello, ha negado que suponga "ningún ataque a la organización territorial del estado", sino que "profundiza en la descentralización".
Ha subrayado que ir en contra de esta ley es ir en contra "del avance del municipalismo valenciano, del pluralismo político en las mancomunidades, de la participación y de la defensa de los pueblos valencianos".
Por su parte, Alfred Boix del PSPV, ha subrayado que se da el primer paso "para reforzar la arquitectura institucional valenciana dotándola mayor eficacia y eficiencia". Asimismo, ha enfatizado que es una ley "útil" porque "consolida el papel motor de los ayuntamientos, iguala y consigue mayor suficiencia financiera para los municipios, así como garantías jurídicas".
