El juicio al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía con el gobierno del PP, Rafael Blasco, y otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo arrancará el 15 de abril y se prolongará hasta el 19 de julio con un total de 48 sesiones.

Así consta en una diligencia de ordenación de la sección quinta de la Audiencia de València, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con el calendario provisional alcanzado en una reunión entre los letrados de los intervinientes y el ministerio fiscal, y atendidas las posibilidades derivadas de otros señalamientos que deben atender todos ellos por preferencia legal o temporal a este proceso.

Concretamente, el proceso judicial se iniciará el 15 y 16 de abril con las cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los acusados se producirán en el mes de mayo, los días 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 y 14.

Las comparecencias de los peritos tendrán lugar el 8, 9, 11 y 12 de julio y el juicio llegará a su fin con las conclusiones de las partes y los informes, previstas para el 15, 16, 18 y 19 de julio. Las sesiones se iniciarán a las 9.30 horas y el juicio se celebrará en la 'Sala Tirant' de la Ciudad de la Justicia de València.

A finales del mes de enero de este año, la sección segunda de la Audiencia confirmó el procesamiento de los acusados con la incorporación a la causa de tres personas más, entre ellas, Fernando Darder, presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras.

En el proceso que se iniciará en abril de 2019 se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de València dio por concluida la instrucción que llevó a cabo por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

El juicio oral se abrió contra Blasco --actualmente en prisión por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso--; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares) y los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni.

Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. En la resolución por la que se abrió juicio oral, el juzgado ratifica medidas ya adoptadas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan imponerse, y que en Blasco se fijan en 8,2 millones de euros.

Hasta ocho millones se establecieron para Augusto César Tauroni y para Llinares --para el resto de ex altos cargos son menores-- y de 3,6 millones al propio Darder. Asimismo, el juzgado mantiene las cautelares personales ya adoptadas de obligación de comparecer en los juzgados semanalmente y cuando sean llamados, junto con la prohibición de salir de España, medida esta última que pide asegurar con la retención del pasaporte de nueve de los procesados.

En el auto de procesamiento, la magistrada instructora, Nieves Molina, concluía que es "evidente" el concierto entre el exconseller Blasco, su exjefe de área y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".

PETICIONES DE LA FISCALÍA

Por esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para Blasco y solicita como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que solicita el fiscal es para Augusto César Tauroni, para quien reclama 21 años y medio de cárcel. También pide que se le fije una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedad por un delito de blanqueo de capitales.