Tanto PSPV como Compromís incluyeron en su programa electoral de 2015 medidas para que los nombramientos de altos cargos tuvieran un plus de calidad o su gestión fuera sometida a evaluación posterior. El PSPV fue quien más concreto fue y propuso un trámite según el cual los altos cargos deberían someterse preceptivamente a un trámite de audiencia parlamentaria para el control sobre su idoneidad política y legal.
