Aunque no ha dejado de insistir en lo «injusto» que le parecía porque ella no había cometido «ninguna irregularidad», a Carmen Montón (Burjassot, 1976), no le ha quedado más remedio que dimitir como ministra de Sanidad y renunciar a replicar a gran escala el modelo sanitario que esbozó como consellera. Las explicaciones dadas para disipar las dudas sobre el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos han sido insuficientes y, tras un día y medio en la cuerda floja, Montón ha sido la segunda ministra del gobierno de Sánchez -tras el también valenciano Màxim HuertaMàxim Huerta- en salir. Lo hacía anoche en una comparecencia pública a las 9 de la noche, solo cuatro horas después de que Pedro Sánchez la respaldara sin ambages.
Entre una declaración y otra, una nueva revelación sobre el presunto plagio de varias páginas de su trabajo fin de máster terminaba por dinamitar el poco rédito que le quedaba a Montón.
Poco más de tres meses le ha durado a la exconsellera valenciana de Sanidad su aventura madrileña en la que pretendía reeditar los hitos conseguidos en el gobierno valenciano que le valieron el reconocimiento de Pedro Sánchez y la llamada que la llevaría de vuelta a Madrid. Además, con un hilo temporal calcado: primero devolver la universalidad a la atención sanitaria para, después, abordar el problema del copago farmacéutico. Así lo hizo ya en el Pacte del Botànic (mostrándose a las claras en contra de la política sanitaria de Rajoy) y así había empezado ya a hacerlo en el Gobierno de Sánchez.
En estos tres meses a Montón le ha dado tiempo a cumplir con su primera promesa: la aprobación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, que devuelve la coletilla de «universal» a la sanidad española enmendando el cicatero decreto de 2012 de Mariano Rajoy que dejaba fuera de la atención sanitaria a los sin papeles esgrimiendo cuestiones económicas. El decreto, ahora de ámbito nacional, bebía de la norma valenciana (tumbada por anticonstitucional) que ya en 2015 mantenía que nadie debía de ser excluido a las puertas de un centro de salud por motivo de su situación administrativa.
Este decreto, que aún se debe desarrollar, será el único legado (ahora ensombrecido) de una ministra a la que le ha faltado tiempo para dar el segundo paso que ya tenía anunciado: derogar también los porcentajes de copago farmacéutico que se impusieron en su día y que también puenteó Montón en la C. Valenciana gracias a la aprobación anual de un paquete de ayudas económicas para diferentes colectivos en riesgos de exclusión que se han ido ampliando.
Con la marcha de la valenciana por la puerta de atrás quedará la incógnita de si habría sido capaz de mantener la hoja de ruta valenciana al completo desde su despacho del Paseo del Prado. Esta pasaría, inexcusablemente, por iniciar un proceso tal como el valenciano para fortalecer la sanidad pública en detrimento de la privada y reducir las colaboraciones al mínimo. Porque, más allá de enmendar las leyes de universalidad sanitaria y del copago, la verdadera impronta de Montón en sus tres años al frente de la Conselleria de Sanidad ha sido recuperar el bastión del conocido como «modelo Alzira» y poner las bases para evitar nuevas privatizaciones de áreas sanitarias.
Montón cierra así, sin honores, la responsabilidad política más alta que ha ocupado en sus 19 años de vida política desde que en julio de 1999 se estrenó como concejala en el Ayuntamiento de Burjassot. Desde entonces, Montón ha sido diputada en dos legislaturas en el Congreso de los Diputados (en la bancada socialista estaba cuando en 2010-2011 hizo el máster que ahora le ha costado el puesto) y fue allí también donde coincidió con Pedro Sánchez y donde llegó a ser miembro de la ejecutiva nacional del PSOE como secretaria de Igualdad antes de atender la llamada de Puig para ser consellera de Sanidad.
Un máster con demasiadas lagunas la obligan a cerrar su periplo en Madrid, principalmente, para no enturbiar el gobierno del que ha sido su valedor, Pedro Sánchez.
