Las Cortes Valencianas acordaron ayer por unanimidad instar al Gobierno a cumplir el compromiso adquirido por el Ministerio de Fomento de no renovar la concesión de la AP-7 en la Comunidad Valenciana ni ofrecer una nueva y garantizar su gratuidad a partir del 1 de enero de 2020. Así lo recogían dos iniciativas presentadas por Compromís y Podem en la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes, que prosperó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
La propuesta de Compromís reclama también al Gobierno que ejecute «como mínimo las actuaciones incluidas en la Agenda Valenciana el pasado mes de junio de mejora la conectividad» de esta autopista.
La iniciativa de Podem, por su parte, insta al Gobierno a estudiar la posibilidad, oportunidad y el coste de la reversión de las concesiones de la AP-7 en el territorio de la Comunitat Valenciana, a partir de 2020. Se insta al Consell a reclamar al Gobierno que cumpla el compromiso del ministro de Fomento de no renovar la concesión de la AP-7 en los tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, que tienen como fecha final el 31 de diciembre de 2019, sin aprobar ninguna prórroga para que pasen a ser gratuitos y de gestión pública. Asimismo, se pide comenzar el procedimiento de recuperación de la AP-7 para su gestión pública después de la fecha de finalización de la concesión, dado que se han de prever los mecanismos de traspaso de la infraestructura y las inversiones necesarias para que esta se dé con las mínimas afecciones a los vehículos usuarios de la misma.
La comisión también aprobó pedir la comparecencia del director general de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), como solicitaba Podem. Este grupo pretende que el director general de FGV explique las razones del incumplimiento de la normativa de contratación pública de servicios y obras, y de los incumplimientos e irregularidades en materia de gestión de personal, descritos en el informe de la Intervención General de la Generalitat correspondiente a 2016.
