El conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, y su homólogo andaluz, Antonio Ramírez, pidieron ayer responsabilidad a los partidos políticos para permitir la flexibilidad de la senda del déficit en la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque supondría permitir un gasto que iría destinado al estado del bienestar. Ambos cargos se reunieron en el Palau de la Generalitat en València para reafirmar sus posturas en materia de financiación autonómica tras el nombramiento de la anterior consejera andaluza como ministra de Hacienda.

Así, instaron a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado, especialmente al PP, a que no rechacen la senda del déficit para las autonomías, que supone pasar del 0,1% del PIB al 0,3%, lo que se traducirá en 350 millones adicionales para Andalucía y 240 millones para la Comunitat.

Los consejeros reiteraron la necesidad de la reforma de la financiación autonómica que ya plantearon conjuntamente hace dos meses la presidenta andaluza, Susana Díaz, y el presidente valenciano, Ximo Puig, e instaron a que se inicie ya la negociación política. Coincidieron en el cambio de actitud del Gobierno respecto a esta cuestión, donde creen que ya no existe «un muro», sino diálogo con las Comunidades Autónomas, y sobre la «evidente» sensibilidad del Ejecutivo al respecto, y consideraron que el consenso no depende solo del Gobierno y que se trata de una cuestión de Estado.

Sobre la deuda, Soler afirmó que en la Comunidad este problema es «más grave» que en Andalucía y es tres veces superior a los ingresos ordinarios, en tanto que en Andalucía el más acuciante es la regla de gasto, que «impide crecer», explicó por su parte Ramírez. De cara a los presupuestos de la Generalitat de 2019, el conseller recordó que la posición no ha cambiado y la diferencia por merma de financiación es de 1.325 millones.