El PP y el diputado tránsfuga Fernando Sepulcre votaron ayer para que el empresario Enrique Ortiz pueda seguir cobrando de la Diputación por el servicio de la limpieza de los edificios públicos pertenecientes a la institución provincial. La corporación provincial celebró ayer un pleno de menos de una hora con un único punto a favor -pagar a Ortiz 600.000 euros por dos meses de trabajo-en el que salió a relucir los innumerables vaivenes técnicos que ha sufrido la nueva licitación del contrato, que lleva año y medio de tramitación y que al final una instancia adscrita al Ministerio de Hacienda -el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales- ha ordenado anular para volver a empezar de cero por falta de concreción en algunos criterios de adjudicación.

Los socialistas y los tres diputados de Compromís se abstuvieron en la votación, mientras que la única representante de EU, Raquel Pérez, votó en contra del pago al considerar que la institución alicantina ha rechazado en todo momento tantear y valorar con un informe la posibilidad de que la Diputación asuma el servicio. El vicepresidente y diputado de Contratación, Alejandro Morant, explicó que el pleno suponía pagar al empresario que sigue prestando el servicio y que es una decisión de los técnicos y no política. De hecho, la propuesta llevada ayer a la sesión plenaria no lleva la firma del diputado del área, algo que para Morant ratifica que es solo una cuestión de naturaleza técnica como lo es cualquier decisión ligada a la polémica contrata. «Porque les recuerdo que en la mesa de contratación ya no hay políticos porque así lo aprobó este gobierno», aseveró.

El empresario Enrique Ortiz es la pieza más beneficiada del «embolado» de la nueva contrata, adjudicada el pasado mes de mayo a la empresa FCC tras un año y medio de tensiones entre técnicos de la Diputación. Mientras se resuelve el bloqueo de la contrata, Ortiz sigue pasando una factura de 300.000 euros al mes a la Diputación a través de una fórmula que le permite la prolongación de su contrato -que expiró el año pasado, incluidas las prórrogas- por los trabajos de limpieza de los edificios públicos de la institución.

Sin embargo, la firma que se hizo con la contrata -socia de Ortiz en la UTE que presta el servicio municipal de limpieza viaria y recogida de basuras junto a Ferrovial- no ha podido trabajar todavía ya que otra mercantil recurrió la adjudicación ante el Tribunal Administrativo Central. Ahora esta instancia de Hacienda pide que se vuelva a sacar a licitación el servicio para aclarar en los pliegos de condiciones criterios de adjudicación sobre la maquinaria de limpieza que estaban demasiado abiertos y poco concretados. La Diputación ha asumido esa dictamen del tribunal administrativo, un organismo de Hacienda que resuelve sobre contratos de la administración antes de llegar a la judicialización del contrato, y no recurrirá la orden de empezar otra vez con todo el proceso, aunque aún habría plazo hasta el 6 de octubre para hacerlo.