El «simpa» del PP en la Institución Ferial Alicante (IFA) por un acto celebrado en abril de 2009 puede que no acabe saliendo gratis. De momento, el mal trago está ahí. Y todo después de que el fiscal Anticorrupción de Alicante haya abierto diligencias de investigación, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, y según confirmaron ayer desde la Conselleria de Economía. De hecho, Anticorrupción ya ha solicitado a la actual cúpula del recinto ferial que aporte al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada de la Policía Judicial toda la documentación. Por eso mismo, ayer por la mañana se personaron dos agentes en la feria para requerir toda la información: desde la identidad de las personas que integraban el comité de dirección y el patronato o la del responsable de la contabilidad, hasta certificados de la inexistencia de la dichosa factura o de las actuaciones que se han venido siguiendo desde abril de 2009 para reclamar al PP el pago de los gastos que ocasionó una cena para 3.000 personas en abril de 2009.

Todo comenzó a finales de abril, cuando la entonces portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, hoy consellera de Sanidad, solicitaba al departamento de Rafa Climent copia de cada una de las facturas emitidas por IFA por actos del PP entre los años 2003 y 2015, y reclamaba que se especificara si se había hecho efectivo el pago. El caso es que esa petición se materializaría en un informe de 31 de mayo elaborado desde la cúpula desde la institución, ratificado, además, por el director general de Comercio, Natxo Costa, en la respuesta parlamentaria.Se ponía en evidencia ahí que el PP celebró una cena en la feria el 25 de abril de 2009, pero que no solo no pagó los algo más de 8.000 euros adeudados, sino que no había ni rastro de la factura. Y todo pese a que sí existía un presupuesto anterior, y pese a que crónicas y fotografías de aquel día atestiguan la celebración en IFA del acto de arranque de la precampaña del PP para las europeas de 2009, que reunió a unas 3.000 personas.

El informe en cuestión, que precisamente es el que se le hizo llegar a la Fiscalía en su día, detalla que entre 2003 y 2015 se tiene constancia de la celebración de cuatro actos, aunque solo hay facturas de tres. Dos de ellas hacen referencia a dos mítines del PP que se le facturaron a la no poco conocida Orange Market entre febrero y marzo de 2008, por 19.782 y 20.337 euros, respectivamente. La tercera factura de la discordia corresponde a la cena de Navidad del PP provincial celebrada en IFA el 11 de diciembre de 2010, un encuentro éste al que asistieron 3.600 personas. La factura inicial era de 15.161 euros, y en este caso sí se le giraba al PP, pero cuatro años después, en 2010, cuando se pagó, se aplicó una rebaja nada desdeñable de 2.000 euros. Sea como sea, lo cierto es que en esos tres casos hubo facturas y se pagaron. Todo bien.

No pasó lo mismo con un cuarto acto, el de abril de 2009. En IFA no hay constancia de la factura, según los informes, pero en los archivos digitales de la institución ferial se encontró un presupuesto de abril de 2009, por 8.359 euros, aunque está sin firmar. Incluso en la contabilidad quedó registrado ese acto, con la salvedad, importante, de que, si bien aparecen detallados los gastos, no hay ningún tipo de ingreso ni rastro de facturas. Para acabar de rizar el rizo, el acta del comité de dirección de IFA de18 de mayo de 2009 alude expresamente a esa cena del PP para las europeas. El informe del que se da cuenta en ese comité de dirección, a la sazón, fue expuesto por el presidente de IFA, que entonces era un Modesto Crespo que todavía estaba en la cresta de la ola.

Un último detalle: Ana Barceló, que fue quien planteó la pregunta parlamentaria, encabezaba la ejecutiva de los socialistas alicantinos en 2011, año desde el que la secretaría provincial del PSPV adeuda 2.000 euros por unas jornadas de formación celebradas en el recinto, como publicó este periódico. En cualquier caso, desde Economía sostienen que en el caso de los socialistas sí existía factura y es un episodio de morosidad sin más, mientras que en el del PP no hay constancia de factura alguna y creen que puede ser una infracción penal.