n El Consejo de Ministros autorizó ayer a la Comunitat Valenciana a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 300 millones de euros.

La Moncloa informó de que esta operación solicitada por la Comunitat Valenciana tiene como finalidad refinanciar diversos préstamos de los mecanismos de financiación del Estado, formalizados durante los ejercicios 2012 y 2013, para conseguir una reducción en sus costes financieros.

Se trata de refinanciar deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a través de la banca privada siempre que la Conselleria de Hacienda logre unas condiciones más favorables que las que ofrecen ahora los mecanismos del Estado: el tipo de interés del FLA está en el 0,80 %. El Consell considera que para préstamos que vencen en pocos años puede conseguir tipos inferiores al 0,60 % en el mercado privado.

El Gobierno ya autorizó una operación de este tipo antes del verano, pero de menor calado. La de ayer supone ya un monto importante. En definitiva, representa que deuda con entidades que tuvo que ser asumida a través del FLA en los peores tiempos de restricciones por falta de recursos vuelva ahora a refinanciarse mediante entidades privadas.

Al ser una refinanciación, las operaciones autorizadas por este acuerdo no supondrán un aumento del endeudamiento financiero al final del ejercicio, precisó el Gobierno ayer.

En paralelo a Andalucía

El permiso se produce el mismo día que Andalucía obtuvo autorización del ministerio para ser la primera de las autonomías adheridas al Fondo de Financiación que vuelve a los mercados. Podrá emitir deuda por un importe máximo de 600 millones.

Mientras, el Consell aprobó ayer la creación del Alto Comisionado para la Financiación de la Comunitat Valenciana para dar «un impulso importante a la necesaria reforma» del sistema de financiación, dijo la vicepresidenta, Mónica Oltra, tras el pleno. La figura pretende dar «un empaque» a la reclamación de una financiación justa.

PSPV y Compromís han designado a un experto cada uno para este cargo, con rango de secretaría autonómica pero sin retribución. Son José Antonio Pérez y Rafael Beneyto, que ya participaron en el comité técnico estatal de la época de Montoro. Perez representará al Consell en la nueva comisión para negociar el nuevo modelo.