Compromís en la Diputación de Alicante pedirá a la Audiencia Provincial que evite prescripciones de posibles delitos cometidos entre 2004 y 2006 en el denominado 'caso Fitur', y lo hará con el argumento de que ha habido una "continuidad delictiva" entre esos años y 2008.

Así lo ha anunciado el portavoz de este partido en la institución provincial, Gerard Fullana, acompañado del resto de su grupo, José Manuel Penalva y Lluís Pastor, en la primera comparecencia ante los medios después del periodo estival.

En su día, Compromís denunció posibles irregularidades en la adjudicación del Patronato de Turismo Costa Blanca, dependiente de la Diputación, para la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid entre 2004 y 2008, cuando la institución estaba presidida por José Joaquín Ripoll (PP), y cifró el presunto fraude en 3,2 millones de euros.

Fullana ha informado hoy de que el juzgado que lleva el caso, el de Instrucción 7 de la ciudad que dirige José Luis de la Fuente, ha considerado prescritos los supuestos delitos cometidos antes de 2007 (por lo que solo investiga ese año y 2008), y que ha rechazado dos recursos presentados por Compromís contra tal decisión, la última de ellas a comienzos del verano.

Ante esta situación y tras admitir su "decepción" por la postura del juez instructor, Fullana ha adelantado que en las próximas semanas su grupo recurrirá a la Audiencia Provincial con el argumento judicial de que ha habido "continuidad delictiva" durante todos esos años.

De esta forma, pretenden que se investiguen las adjudicaciones desde 2004 ya que creen que las mayores irregularidades se pudieron cometer entre 2005 y 2006, año este último en el que creen que el fraude se cifraría en un millón de euros.

Del mismo modo, en el recurso a la Audiencia Provincial incluirán que el periodo legal máximo de instrucción de seis meses "no ha sido suficiente" y, como ha hicieran en otro recurso que fue presentado fuera de plazo, solicitarán que se declare la "complejidad" de la causa para poder continuar con la fase de investigación y la citación de más testigos sobre lo ocurrido esos años.

Paralelamente a la vía judicial, Compromís ha pedido al presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, que impulse la depuración de responsabilidades políticas por este caso, sobre todo después de que el juzgado no haya negado que hubiera delito sino que únicamente haya considerado prescritas las supuestas irregularidades.

"El máximo responsable de Transparencia del PP, César Sánchez, debe decidir si se abre o se cierra la puerta para aclarar esta cuestión, o ¿por que haya prescripción debe quedar impune?", se ha preguntado Fullana.

Por su parte, el diputado José Manuel Penalva ha contextualizado los esfuerzos de Compromís en este asunto en un intento de "recuperar los dineros de los ciudadanos" y ha acusado de esta situación a "los años de bipartidismo" cuando "se miraba a otro lado".

Ha continuado que "mientras haya diputaciones", Compromís trabajará para "que sean más transparentes y más justas" con los recursos públicos.