La justicia ha investigado en secreto al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, durante dos años y medio. Y sigue haciéndolo desde que el pasado 22 de mayo fue detenido junto a su círculo más cercano de confianza. Dos días después el también exministro ingresaba en el centro penitenciario de Picassent, junto a dos de sus presuntos testaferros: su amigo íntimo y exdirector de relaciones institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y Francisco Grau, asesor fiscal del exministro y representante de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Terra Mítica.
El «Caso Erial», como los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bautizaron la operación que se saldó con diez detenidos y doce investigados, sigue bajo secreto del sumario cuando se cumplen cien días de los arrestos. Una circunstancia que se prolongará durante unos meses más hasta que fructifiquen las pesquisas que realizan los investigadores, según ha podido saber INFORMACIÓN de fuentes conocedoras de los hechos.
Aunque poco se conoce de los detalles y alcance de estas investigaciones, una de las vías de investigación que retrasa el alzamiento del secreto del sumario -incluso para los propios investigados-, es la solicitud de varias comisiones rogatorias a los países donde presuntamente permanece a buen recaudo el dinero supuestamente cobrado en comisiones por Eduardo Zaplana durante su trayectoria política.
Las comisiones rogatorias son peticiones de información y colaboración que un juzgado realiza a otro país donde se sospecha que se han podido cometer delitos. Esta solicitud de auxilio judicial se tramita a través del Ministerio de Justicia, que es el encargado de remitirlo a la autoridad competente en el Estado requerido. Estos trámites de petición de información suelen prolongarse durante meses. De ahí que se dilate el secreto del sumario de la Operación Erial que dirigen de forma conjunta la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 8 de València.
Aunque no ha trascendido el destino exacto de las comisiones rogatorias remitidas, estas podrían haberse enviado a Luxemburgo, Uruguay y Panamá, donde presuntamente Zaplana habría puesto a buen recaudo a través de testaferros «cantidades millonarias» procedentes de comisiones ilegales por, entre otros, la adjudicación de las ITV (Inspección técnica de vehículos) en 1997 y el Plan Eólico (2002) durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana. En conceto, Zaplana podría haber cobrado 6,4 millones de euros de la familia Cotino a través de la empresa Imison International SA, con sede en Luxemburgo y que ya está liquidada, según los escasos datos que se han conocido hasta ahora de la investigación.
Por todos estos indicios a Zaplana y su círculo más cercano de confianza se le acusa de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir, según revelaba el auto de prisión de Zaplana.
Por la gravedad de estos hechos, el riesgo de fuga, la posibilidad de destrucción de pruebas y el abultado patrimonio en el extranjero es por lo que el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción mantienen a Zaplana en prisión.
