La Conselleria de Justicia achaca a un error administrativo y a un retraso en la firma digital el hecho de que la Intervención de la Generalitat Valenciana emitiera recientemente un informe de auditoría sobre la fundación Favide en el que alertaba de que el área que dirige la consellera Gabriela Bravo no había presentado las cuentas de la entidad. Fuentes del área de Justicia explicaron ayer a este diario que las cuentas de la fundación Favide -entidad pública de atención a las víctimas de delitos que sobrevive con la dotación de la Generalitat- se presentaron a su debido tiempo, pero que carecían de la firma digital, lo que motivó que no se tuviera en cuenta la documentación remitida.
El informe de auditoría, encargado por la Conselleria de Hacienda, se emitió el día 26 de junio, y se dio traslado del mismo al área de Justicia el día 28, según explicaron las citadas fuentes. Una vez llegó el informe, el departamento de Gabriela Bravo volvió a remitir toda la documentación «de forma correcta y sin ningún problema, con las cuentas presentadas», según incidieron las fuentes consultadas, que añadieron que en un principio sí se incluía la firma a mano del secretario autonómico de Justicia pero que se requería la digital.
El informe de la Intervención no contempla en ningún momento que se hubiera presentado documentación alguna con anterioridad. El documento simplemente incide en que la fundación no ha presentado ni un solo documento sobre las cuentas del año 2017 ni «la información mínima imprescindible para un pronunciamiento sobre los estados financieros disponibles». Todo ello a fecha 14 de junio, cuando todos los organismos públicos, que se someten anualmente a una auditoría contable, ya tenían que haber presentado la documentación.
El documento hace un repaso de las funciones de la entidad y sus obligaciones, y en él el auditor se niega a emitir una opinión sobre las cuentas al no tener material para hacerlo. Apunta que esta ausencia de datos contables «muy significativa» le impide cumplir con su función, que es la de emitir una valoración sobre los estados financieros de la fundación. El informe achaca como única responsable a la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, al ser la encargada de la formulación de las cuentas y responsable del Patronato del que depende la aprobación de las mismas. El documento añade que las cuentas abreviadas de la fundación de 2014 y 2015 también se encontraban pendientes de aprobación por el Patronato que preside Bravo.
La Consellera anunció en 2016 que la Generalitat asumiría de forma íntegra la gestión de Favide y que se haría una red de oficinas que absorbería las de esta fundación, envuelta en la polémica por usarse como un nido de enchufados en la etapa del PP, donde su exdirectora -con el mandato de los populares- llegó a cobrar más que el presidente de la Generalitat y un puesto que el gobierno del Botànic ya no ocupó. A partir de esa fecha las oficinas de Favide pasaron de 48 a las 17 que tiene hoy día. Tras un ERE, la fundación se quedó con 27 empleados en la Comunidad.
