La Intervención de la Generalitat Valenciana ha cuestionado en un informe reciente la contabilidad de una de las fundaciones públicas dependientes de la Conselleria de Justicia, dirigida por Gabriela Bravo, concretamente de la Fundación de la Comunidad para la Atención de las Víctimas del Delito (Favide), una entidad que sobrevive de la dotación presupuestaria autonómica y sobre la que Justicia hizo importantes recortes. El informe, encargado por la Conselleria de Hacienda y al que ha tenido acceso este diario, incide en que la fundación no ha presentado ni un solo documento sobre las cuentas del año 2017 ni «la información mínima imprescindible a fecha 14 de junio de 2018 para un pronunciamiento sobre los estados financieros disponibles».

Tras un análisis de las funciones de la entidad y sus obligaciones, el auditor se niega a emitir una opinión sobre las cuentas al no tener material para hacerlo y apunta que esta ausencia de datos contables «muy significativa» le impide cumplir con su función, que es la de emitir una valoración sobre los estados financieros de la fundación. Achaca como única responsable a la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, al ser la encargada de la formulación de las cuentas y responsable del Patronato del que depende la aprobación de las mismas.

Se trata de un hecho anómalo, sobre todo cuando la Conselleria de Justicia es el área institucional encargada de la vigilancia las fundaciones de la Comunidad Valenciana a través del Protectorado de Fundaciones, motivo por el que distintas fuentes de la Generalitat han tildado el informe de «demoledor». El documento añade que las cuentas abreviadas de la fundación de 2014 y 2015 se encuentran pendientes de aprobación por el Patronato, que actualmente preside Bravo. Dedica varios párrafos a destacar que la titular de Justicia es la máxima responsable de la situación actual, ya que la anterior directora de Favide presentó su dimisión en 2015 y que desde esa fecha, Bravo es la encargada directa de la formulación de las cuentas.

La polémica sacude a Favide desde que fue creada en 2004 bajo el gobierno del PP. Su primer gerente fue Vicente Betoret, entonces secretario provincial del PP de València. El sueldo de 69.000 euros anuales de su exdirectora , Eva María Amador, llegó a ser superior que el del presidente de la Generalitat. Amador dimitió en junio de 2015 con la llegada del Gobierno del Botànic sin que Justicia buscara un relevo en la Dirección General de la fundación, algo que encaja con la lógica de una entidad que está condenada a extinguirse y a la que le llovieron numerosas críticas por ser un nido de enchufados.

Desde 2016 solo puede vivir de las aportaciones de la Generalitat, ya que asumió su gestión integral a través de la Conselleria de Justicia. Sus fines -ligados a la atención a las víctimas, especialmente a las de violencia de género- han chocado más de una vez con las competencias de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Sin ir más lejos, el último rifirrafe ente Bravo y Oltra por la creación de una comisaría de denuncias de víctimas de maltrato con el apoyo de Interior.