El informe de auditoría de la fundación Favide respecto a las cuentas de 2017 destaca que desde 2016 ha cesado toda la actividad relacionada con el objeto fundacional, lo que no exime de la presentación del estado de las cuentas de una entidad cuya dotación fundacional está constituida por la aportación de 300.100 euros de la Generalitat. La Consellera Gabriela Bravo quiso dar un giro a la atención a las víctimas de delitos en 2016 y anticipó una red de oficinas que absorbería buena parte de los puntos que tenía Favide en toda la Comunidad. Favide pasó de tener 48 oficinas a 17 -siete en la provincia de Alicante y otras siete en València así como tres en Castellón- y, tras un ERE, en la actualidad cuenta con 27 trabajadores. La auditoría ya cuestionó el año pasado la viabilidad de la entidad por sus fondos negativos, aunque el informe de las cuentas sobre 2016 fue favorable al coincidir con la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad.
