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La comisaría de la discordia

La ubicación de la oficina de denuncias por violencia de género enfrenta a los departamentos de Justicia e Igualdad tras años de reclamación

Una comisaría con personal especializado para atender las denuncias de las mujeres víctimas de la violencia machista. El proyecto, que está a punto de hacerse realidad en la Comunidad Valenciana, es una vieja demanda de los colectivos que trabajan con mujeres maltratadas o en riesgo de serlo.

Sectores de diversa índole (operadores jurídicos, profesionales de la psicología, sindicatos, entidades feministas, policía, guardia civil, forenses) coinciden en que la formación y la especialización a la hora de abordar la complejidad de la violencia de género (tanto en su dimensión social, cómo privada) es clave para luchar con éxito contra esta lacra social y proteger a las víctimas y sus familias. De ahí que es difícil encontrar voces en contra de la existencia de una comisaría especializada en estos casos y con agentes formados en materia de género.

Sin embargo, tras años reclamándola, justo cuando el Gobierno central ha dado el visto bueno, la letra pequeña del proyecto ha llevado la discordia al Ejecutivo.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con competencias en Igualdad, llevaba más de dos años exigiendo a Interior esta oficina especializada y presionando a la Delegación de Gobierno (con Juan Carlos Moragues al frente) para que fuera una realidad. Sin embargo, el proyecto de Otra no convencía a Interior. Paralelamente, Bravo, con competencias en Justicia y muy bien relacionada con los operadores jurídicos, trabajaba con Moragues una vía alternativa más del agrado de Interior.

Proyectos distintos

Con el cambio de Gobierno y de inquilino en la Delegación de Gobierno, Oltra aprovechó para volver a solicitar al nuevo delegado, Juan Carlos Fulgencio, su comisaría. Sin embargo, ha sido el proyecto de Bravo el que finalmente ha contado con el beneplácito del Gobierno y así fue anunciado el miércoles por la propia Bravo y la secretaria de Estado de Seguridad, la socialista Ana Botella con el consiguiente enfado de Mónica Oltra.

Más allá de las cuestiones formales y del rifirrafe (Oltra ha arremetido en público contra su compañera de bancada a la que acusa de haberse apropiado de sus competencias y de no haberle consultado), las conselleries de Justicia e Igualdad defienden que sus proyectos, aunque comparten objetivo, son distintos. La diferencia fundamental es la ubicación de este servicio, una cuestión que, aunque pueda parecerlo, no es baladí.

Oltra defiende una comisaría especializada en un espacio anexo al Centro Mujer 24 horas que la Generalitat tiene en València al entender que es el espacio idóneo para facilitar la denuncia, mientras que Bravo sostiene que lo mejor es que comisaría esté en sede judicial, en este caso en la Ciudad de la Justicia para garantizar una atención integral. Ambos departamentos han puesto encima de la mesa sus argumentos. Pese a la batalla, ayer ambas acabaron reconociendo que los proyectos no son excluyentes.

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