En la recta final de la legislatura (diez meses si los comicios autonómicos son en mayo de 2019 o menos si hay adelanto electoral), el Consell ha dado el paso definitivo para acabar con el descontrol en la contratación en sus empresas y organismos públicos. Por primera vez en la historia, todos los entes públicos encuadrados en el sector público instrumental de la Generalitat tendrán que regirse por las mismas instrucciones a la hora de contratar personal temporal. El acuerdo busca acabar con el coladero de enchufados en el que durante años se convirtió esta pata de la Administración mediante la constitución de bolsas de empleo temporal, un sistema que, aunque no exento de gateras, funciona para la contratación en las conselleries. Ahora bien, la resolución, adoptada por la Conselleria de Hacienda tras meses de negociación con los sindicatos, llega cuando el Consell del Botànic está a punto de finalizar su mandato.
Durante este tiempo, los sistemas de contratación en los diferentes entes ha ido por barrios y, según la propia Inspección de Servicios de la Generalitat, ha carecido del control necesario. Es más, tal como publicó este diario, el órgano de control interno concluyó en un reciente informe que el actual Consell no había establecido los mecanismos de control para garantizar que las irregularidades del pasado no se estaban repitiendo.
De hecho, una de las principales promesas de la legislatura, la aprobación de una nueva ley del sector público, ha quedado en el cajón y no saldrá adelante, al menos esta legislatura. En ausencia de ley, Hacienda, que tiene las competencias del sector público pero debe lidiar con todas las consellerias que se resisten a no controlar las empresas que caen bajo su órbita, ha optado por actuar a base de acuerdos.
El primero, adoptado hace unos meses, instauró, por primera vez en la historia, el sistema del concurso oposición para trabajar en las empresas publicas. Quedaba, sin embargo, pendiente regular la entrada de personal con cárcter temporal, una cuestión peliaguda ya que, tal como advertía la Inspección de Servicios, sin un procedimiento adecuado, podía seguir siendo la entrada por la puerta falsa a un empleo público de por vida. El acuerdo hecho público ayer establece una serie de criterios generales para la constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo temporal, de tal manera que ésta será a partir de ahora la vía para incorporar temporales. Todas las empresas y entidades deberán asumir que la provisión temporal de puestos se hará en base a los principios constitucionales de «igualdad, mérito, capacidad y publiciadad».
Criterios
Para ser contratado será necesario figurar en una bolsa de empleo. El acuerdo establece tres tipos, aunque las prioritarias serán las bolsas resultantes de los proceso de selección convocados en las ofertas de empleo público. Podrán formar parte aquellas personas que hayan aprobado al menos un ejercicio. En caso de no exisitir este tipo de bolsas (porque aún no ha habido oferta de empleo), Hacienda apuesta por una convocatoria pública específica que incluirá pruebas selectivas y baremación de méritos. Habrá, no obstante, una tercera opción «por razones de urgencia» y «en función del perfil de los puestos» para constituir bolsas de empleo «exclusivamente por la baremación de méritos». Ahora bien, no habrá barra libre. Será necesario que previamente se haya convocado una nueva bolsa con pruebas selectivas y un plazo de ejecución de un año. En las bolsas de urgencia se valorará hasta un 60% los méritos y hasta un 40% la experiencia.
