El Consell aprobará en septiembre el reparto de tres millones de euros a los municipios con alto riesgo de despoblación de la Comunidad Valenciana, algo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha concretado que hará mediante un decreto que se publicará el mes que viene, pero el gobierno valenciano trabaja para que esa cantidad se eleve a seis millones de euros con la colaboración de las diputaciones provinciales. Este fondo autonómico, que beneficiará a 23 pueblos de la provincia de Alicante según aseguraron ayer fuentes de la Generalitat, se basa en criterios demográficos, de envejecimiento o caída de la natalidad y en el de riesgo zonal, lo que hace que la aportación que se destinará a las comarcas de interior alicantinas pueda alcanzar los 800.000 euros, según los cálculos que a priori barajan en Presidencia.
La misma cantidad es la que el gobierno valenciano solicitará a la Diputación de Alicante a modo de sugerencia para cofinanciar el plan. Además, y de forma directa, se podrán beneficiar todos los pueblos de menos de 120 habitantes.
La subvención será incondicionada, es decir, que cada ayuntamiento podrá destinarla al proyecto que considere más efetivo con tal de retener población, com pueden ser ayudas a la natalidad, al transporte permanente a centros médicos o a vehículos escolares.
El gobierno valenciano está trabajando por visibilizar, en palabras de Ximo Puig, «el compromiso claro para superar el desequilibrio y la desigualdad que existe en estos momentos en los territorios valencianos». En esa política de medidas contra el éxodo en las comarcas de interior, el Consell busca «el trabajo conjunto de las instituciones y agentes económicos y sociales», según indicaron fuentes del Consell. En esa «búsqueda de colaboración» se «invitará» a las instituciones provinciales a aportar la misma parte que el gobierno valenciano.
Este decreto completará al del Fondo de Cooperación Local al tener en cuenta las zonas rurales de la Comunidad Valenciana, según indicaron las citadas fuentes.
La «colaboración» de la que habla el Consell es una medida que ejerce, a todas luces, como presión a la Diputación de Alicante. El gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra ha rivalizado con el de César Sánchez por las ayudas y subvenciones en materia municipal. La argumentación de la institución que lidera el popular Sánchez para presentarse como gobierno provincial en contraposición al gobierno valenciano ha chocado en no pocas ocasiones con medidas del ejecutivo autonómico -como los decretos de Turismo y Deportes- que intentaron menguar las competencias de las diputaciones en pleno debate sobre su mantenimiento.
Ahora el Consell presiona a la institución alicantina -con la que empezó mandato con malas relaciones- para que decida si quiere aportar su parte del fondo contra la despoblación. Si no lo hace, el Consell podrá jugar esa baza para exigir más esfuerzos económicos en materia de despoblación a la institución provincial y ponerse los galones de gobierno volcado en el mantenimiento de los pueblos más pequeños, una función para la que están diseñadas, precisamente, las diputaciones.
