El PP está estudiando medidas contra el vicepresidente de la Diputación de Alicante, Alejandro Morant, por sus manifestaciones en Facebook sobre los inmigrantes, en las que pidió deportaciones masivas y en las habló de "invasión silenciosa". El presidente provincial del PP, José Císcar, ha anunciado ante las preguntas de este diario que el partido tomará medidas contra el también diputado de Hacienda y alcalde de Busot por hacer comentarios que están "fuera del discurso programático del partido".
Fuentes populares aseguran también que hay una gran indignación en la cúpula provincial del PP por las manifestaciones de Morant, ya que están haciendo "daño" a la formación a meses de las elecciones con un discurso que desde el partido alicantino no se quiere avalar.
La cuenta oficial del PP de Alicante en Twitter ha retuiteado este mediodía al Vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, quien ha dicho sin referirse a Morant que el Partido Popular "rechaza los discursos racistas y extremistas. Decimos sí a la solidaridad, al orden, a la defensa de nuestras fronteras y al apoyo a la Guardia Civil y Policía".
El "post" de Morant en su Facebook ha sido criticado por el resto de fuerzas presentes en la Diputación de Alicante. El portavoz del PSPV, José Chulvi, ha indicado que el diputado evidencia una "baja calidad humana" y que como cargo público "es inadmisible que diga que piensa como él la mayoría de la población". "Es diputado en una provincia de acogida para miles de extranjeros".
También se ha manifestado al respecto la diputada de EU, Raquel Pérez, quien ha pedido al presidente de la Diputación "contundencia" ante las palabras de su diputado. "El silencio de César Sánchez da cobertura a estos argumentos", ha dicho, mientras que Compromís, a través de su portavoz municipal, Natxo Bellido, ha criticado al vicepresidente de la institución alicantina por su discurso "xenófobo". Bellido también ha pedido "consecuencias políticas".
El presidente de la Diputación, César Sánchez, jefe directo de Alejandro Morant en la institución provincial, no ha dicho, sin embargo, nada al respecto.
Por su parte el jefe del Consell, Ximo Puig, ha afirmado esta mañana que el vicepresidente de la Diputación de Alicante, Alejandro Morant, alienta el discurso "ultra" del PP "que nada tiene que ver con los valores de la sociedad alicantina" y ha pedido a los responsables populares que le desautoricen como cargo público después de que el también alcalde de Busot haya pedido deportaciones masivas de los inmigrantes y el endurecimiento de la ley para "frenar la invasión de africanos".
"Si Alejandro Morant estuviera en muriéndose de hambre, ¿qué haría? ¿Es que se cree que la gente sale de sus países porque le apetece?", se ha preguntado.
El presidente de la Generalitat ha manifestado ante preguntas de este diario que tanto el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, como el presidente provincial del PP, José Císcar, deben "desautorizar" a Morant por su "falta de humanidad", aunque, ha añadido, "lo que preocupa es que éste es el viraje ultra que ha dado el PP".
Asimismo, el presidente Puig ha considerado que Morant debe pedir perdón "a la sociedad alicantina" porque "no puede representarlos".
Para Puig "la línea oficial del PP está poniendo en la agenda política de la confrontación cuestiones como los presos de ETA o el discurso de la inmigración exacerbando los peores sentimientos de la gente". "El PP debe frenar este daño, no solo porque le pasará factura electoral, sino por el daño a la sociedad".
Respecto a la capacidad de la Comunidad Valenciana para acoger inmigrantes menores no acompañados, el presidente Puig ha admitido que la provincia de Alicante está "bastante saturada", pero que habrá unas 60 plazas en general en toda la Comunidad para atender los casos más urgentes y que, de todos modos, esta tarde tras la reunión en Madrid se podrán dar más datos.
Para Puig, el gobierno valenciano "ha puesto y sigue poniendo voluntad en dar una respuesta humanitaria a la llegada de inmigrantes". No obstante, ha añadido que esta cuestión "hay que afrontarla también desde la solidaridad de otras comunidades que apenas han acogido a menores".
