Las manifestaciones del vicepresidente de la Diputación, Alejandro Morant, sobre la «invasión silenciosa de africanos» y en las que pedía deportaciones masivas de los inmigrantes han llevado al PP provincial, controlado precisamente por el sector interno del partido que combatía la candidatura de Pablo Casado como líder de los populares, a abrir una consulta para castigar al también diputado de Hacienda y alcalde de Busot, uno de los defensores a ultranza del nuevo presidente nacional del PP en la provincia de Alicante. El «aparato» que controla José Císcar anunció ayer que elevará al Comité Regional de Derechos y Garantías las declaraciones sobre política migratoria de Morant por considerar que no respetan la línea oficial del partido.
Fuentes populares aseguraron que se remitirá al citado comité lo publicado por el vicepresidente de la Diputación en su Facebook -que luego borró- para que decida si esas declaraciones «contravienen algún punto de los estatutos del partido y si son susceptibles de expediente disciplinario». El PP de la provincia de Alicante emitió un comunicado en el que decía que «rechaza tajantemente las manifestaciones efectuadas por Alejandro Morant, que no representan para nada la opinión de la formación respecto al problema migratorio».
Si el expediente prospera en la regional -controlada a su vez por Isabel Bonig, con quien el «aparato» provincial está alineado- Morant será carne de cañón a solo diez meses de las elecciones municipales y autonómicas, donde presentarse de nuevo como candidato sería ahora mismo una caja de bombas para el PP. Las consecuencias le afectarían también a nivel orgánico, además de tocar de lleno su cargo como diputado provincial, donde por cierto no ha contado todavía con el apoyo ni con la desautorización del presidente provincial, César Sánchez, que sigue con un silencio sepulcral que habla claramente del lío en el que Morant ha metido al PP y muy concretamente a los partidarios de Casado, con quien César Sánchez se posicionó tras el fracaso de Maria Dolores de Cospedal a liderar el PP nacional.
La situación tensiona al sector de Casado, que ha visto en cuestión de días tras acceder al control del PP cómo uno de sus defensores en la provincia se ha echado en contra al propio partido. «Esto nos va a hacer mucho daño», reconocía ayer un dirigente popular. Casado no habló de las palabras de Morant -tenía suficiente con saber que la jueza que instruye su supuesto máster elevaba al Tribunal Supremo la investigación- pero sí se refirió a ellas, aunque sin citarlo, el secretario de Organización del PP, Javier Maroto, quien dijo en su Twitter que desde el Partido Popular se rechazan «los discursos racistas y extremistas». El tuit fue retuiteado por la cuenta oficial del PP provincial de Alicante. A preguntas de este diario, el presidente provincial, José Císcar, se limitó a decir que las palabras de Morant no siguen la línea del partido en materia de inmigración. Sí dio a importancia a que los comentarios fueran en un Facebook personal. «Cuando eres un cargo público no puedes decir estas cosas y salirte de la línea programática del partido», sentenció.
El «post» del vicepresidente de la Diputación en su Facebook fue criticado por el resto de fuerzas presentes en la Diputación, donde las palabras de Morant darán mecha a la oposición. El portavoz del PSPV, José Chulvi, dijo que el diputado evidencia una «baja calidad humana» y que como cargo público «es inadmisible que diga que la mayoría de la población piensa como él».
También se manifestó al respecto la diputada de EU, Raquel Pérez, quien pidió al presidente de la Diputación «contundencia» y a Morant que rectifique si «quiere seguir en un cargo público». El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, criticó al vicepresidente de la institución alicantina por su discurso «xenófobo» y pidió consecuencias políticas en el PP.
El jefe del Consell, Ximo Puig, afirmó a preguntas de este diario que Morant alienta «el discurso ultra del PP que nada tiene que ver con los valores de la sociedad alicantina» y pidió a los responsables populares, tanto a Císcar como a César Sánchez, que le desautoricen como cargo público. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, comentó que desde «determinados partidos» como el PP se está llevando a cabo «la imposición del delito de odio» y aludió a las declaraciones de Alejandro Morant, «quien se ha alineado con la derecha más extrema de este mundo como puede ser Trump». «Estas barbaridades son contrarias a los derechos humanos».
Cs exigió su dimisión «inmediata» o su cese por parte de Isabel Bonig «como máxima dirigente del PP valenciano». La portavoz provincial de Cs, Yaneth Giraldo, calificó de «intolerables» las apreciaciones de Morant, «que evidencian que desde que Pablo Casado ha tomado las riendas del partido el PP se ha escorado hacia la extrema derecha». La edil de Guanyar Julia Angulo, de Ecuador, preguntó a Morant si piensa deportarla también a ella y anunció que estudian una querella por incitación al odio.
