El curso político más duro que se recordaba en la Diputación de Alicante ha terminado, sin embargo, con dos gestos de distensión a las puertas de que, una vez pasen las vacaciones, se empiece a enfilar los plazos decisivos hacia las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019. Entonces ya todo será precampaña electoral. La intensa bronca política que ha presidido la acción de la institución provincial durante los últimos meses se rebajó en cierta medida con el acuerdo que certificó el pleno de la Diputación para aprobar, con los votos del PP, de los socialistas y también de Compromís, un reparto de obras en 90 municipios con una subvención de más de 15 millones. Es un pacto que, de alguna manera, permite a a todos los grupos ofrecer a sus parroquias una porción de la victoria. Pero, además, la jornada también sirvió para que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tuviera también un gestó con su homólogo de la Diputación, César Sánchez, para que se sume al Fondo de Cooperación Municipal, proyecto autonómico en el que la institución alicantina es la única de toda la Comunidad que no colabora y que desarrolla por su cuenta.
Esta distribución de dinero en el Palacio Provincial estaba pactada desde la semana pasada en la Junta de Portavoces entre los tres grandes grupos y el no adscrito Fernando Sepulcre. Todos pueden «vender» parte del éxito. El PP, como se encargó de remarcar el presidente César Sánchez en un comunicado, aprovechó para presentarse como el equipo que que recupera el «espíritu de diálogo, consenso y acuerdo». «Somos la institución que más acuerdos ha logrado», dijo. Los socialistas reivindicaron su papel de mediación para desbloquear desde su posición unas subvenciones que llevaban seis meses pendientes. Y, finalmente, Compromís también consigue su principal exigencia: desaparece el trato de favor de las polémicas subvenciones «a dedo» cuestionadas por los tribunales. Todos tendrán que cumplir las pautas marcados dentro de los Planes de Obras y Servicios asumiendo los porcentajes correspondientes de inversión y renunciando a futuros proyectos como el resto de localidades para que evitar que se acumulen.
El pacto para conceder estos 15 millones, ratificado en una sesión extraordinaria, se suma a los más de 25 millones aprobados recientemente para el fondo local que impulsa la Diputación y para compensar a las poblaciones que se vieron afectadas por los temporales de lluvias de finales de 2016 y principios de 2017. Gracias a este acuerdo se destinará, por un lado, 1,8 millones a todos los municipios de menos de 5.000 habitantes que quedaron fuera del plan para impulsar zonas verdes por insuficiencia presupuestaria. Y, por otra parte, se han fijado otras 40 actuaciones, de carácter prioritario y pactadas, que se sufragarán gracias al remanente de tesorería y en las que se han incluido, entre otros, todos los municipios que se quedaron fuera del plan de obras de 2018 por falta de dinero.
El segundo gesto de la jornada vino de la mano de Puig, que, durante una visita a Alicante, tendió la mano a la institución provincial para que se sume al Fondo de Cooperación que impulsa la admistración autonómica. «Es una decisión que tiene que tomar la Diputación. Nosotros siempre estamos abiertos a hablar», ofreció. El jefe del Consell recordó que las diputaciones de Valencia y Castellón se sumaron «desde el principio» a esta iniciativa de su gobierno mientras que, por contra y en medio de una tensa pugna, la corporación alicantina es la única que no se ha sumado y ha puesto en marcha un reparto propio para poder controlar esas subvenciones. La pelota está en el tejado de César Sánchez
