La Agencia Valenciana de Turismo ha roto la relación laboral con los tres condenados del caso Fitur que eran empleados suyos: Rafael Betoret, Jorge Guarro y Ana Grau. La salida de esta última ha sido la última en producirse, hace solo unos días, ya que planteaba dudas al estar en libertad mientras se resuelve su petición de indulto. Los dos primeros están en prisión desde el 24 de mayo. Como medida de prudencia, el departamento que encabeza Francesc Colomer decidió elevar consulta a la Abogacía de la Generalitat sobre el caso de la asalariada. El informe de los letrados, recibido recientemente, dio luz verde a prescindir laboralmente de la mencionada y así se hizo, aseguran fuentes de Turismo.
El argumento de Abogacía es que existe sentencia firme del Tribunal Supremo con condena de cárcel e inhabilitación, de manera que no corresponde esperar a la hipotética entrada en prisión de Grau. La suspensión de esta medida sería simplemente una cuestión circunstancial, que no afecta a la aplicación por la AVT de la inhabilitación, castigo que implica la pérdida de la condición de empleados públicos.
Fuentes de Turismo precisaron que el criterio de la Abogacía era la posición lógica, pero juzgaron pertinente solicitar la opinión de los juristas antes de aplicar cualquier decisión.
El ambiente interno, además, ha sido tenso en el departamento en las últimas semanas. Un buen número de empleados pidió día libre cuando se dictó el fallo en solidaridad con los condenados de menor rango (Guarro y Grau). Consideran que habrían seguido el criterio marcado por los responsables políticos. Llegaron a colocar mensajes de apoyo en las dependencias de la agencia.
La sentencia firme considera, sin embargo, que tuvieron alguna implicación en el amaño de contratos en favor de las empresas del grupo Correa.
Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la exconsellera Milagrosa Martínez fue condenado por estos hechos a 6 años de prisión y 27 de inhabilitación, la pena para Guarro fue de 4 años de cárcel y 15 de apartamiento de la Administración, mientras que en el caso de la coordinadora de feras fueron 3 años de prisión y seis de inhabilitación.
La perdida de la condición de empleado público que conlleva esta condena implica que, al vencer el castigo, los afectados no vuelven a sus puestos, sino que tienen que pasar por un proceso de selección si quieren recuperar un puesto público.
Tras conocerse las penas, los condenados sondearon posibilidades que les permitieran mitigar los castigos, como una excedencia que bloqueara temporalmente los efectos de la inhabilitación.
Al final, el departamento de Colomer ha roto los vínculos laborales con los tres trabajadores citados.
