La pugna entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado por la sucesión de Mariano Rajoy en el congreso del PP que arranca hoy en Madrid ha terminado por golpear la estabilidad de los populares en la provincia y en la Comunidad. Más allá del pulso y pese al inicial deseo de neutralidad del «aparato» que controlan José Císcar e Isabel Bonig, todos los dirigentes, al final, se han tenido que retratar en una contienda que, como todo en política, tendrá consecuencias. Unos y otros se juegan su futuro con un resultado incierto y en un escenario de alta tensión a menos de un año para unas elecciones municipales y autonómicas de 2019 que son decisivas para el PP. Gane el que gane la partida, al menos así parece por la correlación de fuerzas que transmiten los dos equipos de campaña, no será por un margen amplio.

Y el debate se trasladará a la organización regional y también a la provincial, hijas todavía de la herencia de dirigentes que dejó Francisco Camps. Será difícil resolver, por tanto, esa fractura generacional pero también la ideológica que el PP tiene pendiente desde el congreso que celebró en 2008 en València para mantener a Rajoy -hoy alineado con Santamaría- frente al bloque de José María Aznar, en estos momentos dando aire a Pablo Casado.

Ninguno de los dos bandos traslada seguridad en la victoria. Ambos se atribuyen la mayoría de los cerca de 3.100 compromisarios que tienen derecho a voto después de que Santamaría resultara vencedora por escaso margen en la consulta directa a los militantes, proceso en el que quedaron descartados, entre otros, María Dolores de Cospedal y José Manuel García Margallo, número uno del PP por Alicante en el Congreso y que sale desautorizado de esta aventura después de cosechar apenas 57 votos en su provincia. Nadie se aventura a vaticinar un resultado. Ni mucho menos. Todos están pendientes de una votación que se celebrará mañana sábado después del discurso de los dos candidatos y justo unas horas después de que esta misma noche los populares reúnan a toda la delegación de la Comunidad -una de las más importantes junto a Andalucía y Madrid- en una cena que, congreso tras congreso, se convocaba para exhibir músculo pero que, en esta ocasión, certificará la fractura interna que arrastra al PP. Sea cual sea la cuenta, los compromisarios están completamente divididos. Y ahora, en función de ese resultado final, todos los dirigentes se examinan.

José Císcar fue el gran triunfador de la votación de los afiliados. Consiguió una victoria amplia de Santamaría en la provincia y sostuvo a Isabel Bonig -de puertas hacia fuera neutral pero con todo su equipo, empezando por la oriolana Eva Ortiz, secretaria general regional, volcado con la que fuera vicepresidenta de Rajoy- en el conjunto de la Comunidad, donde el escrutinio fue más ajustado. Esa apuesta inicial, de confirmarse ahora el resultado, le dejaría todo el poder de cara a 2019 para elaborar las candidaturas y elevar aún más su influencia sobre Bonig. Una victoria de Pablo Casado, sin embargo y por contra, abriría sin solución de continuidad el debate sobre los liderazgos tanto en la cúpula regional como también en la provincial y concedería a esa nueva cúpula una opinión clara sobre las candidaturas de cara a ese proceso electoral teniendo en cuenta la opinión de sus partidarios en Alicante y en València. Una ecuación que, desde luego, avanzaría un importante conflicto.

Los que se alinearon desde un primer momento con Casado como Alejandro Morant o Adrián Ballester, vicepresidentes de la Diputación, ponen sobre la mesa su continuidad en el Palacio Provincial; y otros como el ilicitano Pablo Ruz, consolidado por su control sobre el partido en Elche, sin embargo, dependen de este resultado para la elaboración de su candidatura electoral, como se recordará, competencia del comité electoral regional. Otro decorado es el que afecta al grupo que, en un primer momento, se posicionó con María Dolores de Cospedal pero que, tras caer en la votación de los militantes, se reubicó con Pablo Casado. Los movimientos del presidente de la Diputación, César Sánchez, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala, -ayer mismo explicitó en Twitter lo que era un secreto a voces: votará por Casado- como también el de Emilio Bascuñana, primer edil de Orihuela, son operaciones de carácter puramente defensivo y de resistencia frente al «aparato».

Los dos primeros temen por su futuro tanto en el Palacio Provincial, el deseo de Císcar desde hace tiempo; como al frente de la lista municipal de Alicante, teniendo en cuenta que Barcala llegó de rebote a la Alcaldía y que no era la primera opción de la dirección provincial como candidato. Son conscientes de ese panorama. Y han fiado a una victoria de Casado, sin duda, su estabilidad hasta las elecciones y continuar luchando para seguir en el puesto. La situación de Bascuñana es si cabe más desesperada. Está sentenciado por la dirección regional del PP para las elecciones de 2019 y en la picota por el informe de Sanidad que revela que estuvo años y años cobrando de Sanidad sin ir a trabajar. Así que se ha subido al último carro que le permite albergar alguna esperanza. Nadie se libra. De esta batalla del PP está pendiente, casi en plena precampaña, la estabilidad de la dirección provincial y de la cúpula regional, de los dos principales cargos institucionales del partido en la provincia y de algunos de los alcaldes de comarcas en las que el PP sustenta buena parte de sus opciones de un éxito electoral. Todos saldrán retratados de este envite.