13 de julio de 2018
13.07.2018

Anticorrupción reabre una pieza de la Gürtel para investigar el papel de Camps.

La Fiscalía adhiere el contrato adjudicado por Dora Ibars en 2008 a la trama para sumar las confesiones de Costa, Correa, Crespo y el Bigotes

13.07.2018 | 01:41
Anticorrupción reabre una pieza de la Gürtel para investigar el papel de Camps.
Camps, en su última visita a la Ciudad de la Justicia.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que debía juzgar la pieza de la trama Gürtel de los «contratos menores» en cuatro conselleries y cinco empresas públicas, que devuelva al Juzgado Central de Instrucción 5 la causa para realizar una investigación complementaria. Es la fórmula que ha encontrado el Ministerio Público para poder incorporar las confesiones de Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez «El Bigotes» y Ricardo Costa en el juicio en el que han acabado condenados por delito electoral. Y en el que señalaron a Francisco Camps, por primera vez en nueve años de instrucción, como la «X» que presuntamente orquestó las contrataciones con la trama Gürtel a cambio de que ésta se convirtiera en la clave del engranaje en la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) mediante la facturación ficticia a contratistas de la Generalitat, que pagaban un «impuesto revolucionario» a cambio de adjudicaciones en la Generalitat. Estos últimos hechos constituirían un delito de malversación, que prescribe a los quince años, por lo que aunque sucedieron en 2007 y 2008 aún podría investigarse. La prevaricación ya habría prescrito, pero también se investigaría porque el delito más grave es el que impone los plazos de prescripción al resto.

El banderín de enganche en la pieza de los contratos menores al que se coge la Fiscalía es la adjudicación del «stand de grandes eventos de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009» cofinanciado por nueve empresas públicas. La exdirectora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, hizo de «enlace» entre la trama Gürtel y las entidades públicas para que la construcción del stand se encargara a las empresas de la Gürtel «sin tramitar procedimiento de contratación alguno y sin respetar los principios de transparencia, publicidad y concurrencia», según la Fiscalía Anticorrupción.

El negocio para la trama Gürtel sólo en este contrato habría sido redondo ya que la construcción del stand les costó 148.539,85 euros pero facturaron a las seis empresas públicas un total de 366.529 euros, según el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado Central de Instrucción 5 el 11 de enero de 2016. Este dinero no se llegó a cobrar porque todas las facturas se emitieron la misma semana que el Caso Gürtel estalló y el juez Baltasar Garzón ordenó las detenciones de los cabecillas de la Gürtel en febrero de 2009. «Los hechos se califican como delito de prevaricación, del que está acusada la directora de Promoción Institucional de la Generalitat, que dependía directamente de la Presidencia del gobierno valenciano. El posible delito de prevaricación cometido no habría prescrito», señala Anticorrupción para solicitar la instrucción complementaria.

Al respecto, el expresidente aseguró en un comunicado que, si finalmente es imputado por la financiación ilegal del PP valenciano, esa acusación se basará en «especulaciones sin fundamento, sin una prueba fehaciente, sin un indicio solido, basándose en especulaciones sin fundamento».

El expresidente señala que tanto en la causa de los trajes, en la que fue absuelto, como en la pieza de los contratos menores no se encontraron indicios contra él. «Ha habido instrucciones en diversos juzgados y causas y en ninguna de ellas ha aparecido mi nombre, pese a que la Fiscalía ha preguntado por mi a investigados y testigos ad nauseam». Por último, señala que su patrimonio es el mismo que antes de ser presidente. Debo ser el primer acusado de corrupción al que la Fiscalía nunca ha pedido su estado patrimonial, cuentas o movimientos».

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