11 de julio de 2018
11.07.2018

Sí a revisar los vetos a las leyes del Consell pero sin asegurar retirarlos

El Gobierno promete búsqueda de acuerdos y diálogo pero no llega tan lejos como con Cataluña

10.07.2018 | 22:14

Pedro Sánchez recibió el lunes al presidente catalán, Quim Torra, con el anuncio de retirada de los recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno de Rajoy interpuso a leyes sociales catalanas, como las que hacen referencia a la pobreza energética o el cambio climático.

La Comunitat Valenciana tiene dos leyes en esa misma situación, vetadas en el Constitucional. Son las referentes a la función social de la vivienda y, como en Cataluña, a la lucha contra la pobreza energética. ¿Seguirán el mismo camino? Posiblemente sí, pero el nuevo Ejecutivo socialista no da garantías de ello, de momento.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, habló hace unos días de revisar todas las impugnaciones y de una voluntad de reducir la conflictividad con las autonomías. Fuentes de su departamento aseguran asimismo a este periódico que la línea es la del diálogo y la búsqueda de acuerdos. Igualmente, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, dijo ayer que se está en la fase de análisis, de modo que está garantizado el estudio de todos los recursos, eso sí, pero no la retirada completa de todos. En su mayoría, sí, «en todos aquellos que sea posible retirarlos completamente, se hará», pero pueden existir cuestiones que choquen con normas superiores y ahí no se podrá transigir, vino a decir.

En otras autonomías se va algo más rápido. En Baleares, la nueva delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, anunció recientemente que retira todos los recursos contra el cobro del complemento de la carrera profesional para los funcionarios de las islas.

Además de las dos leyes citadas, el anterior Gobierno central del PP inició en los últimos meses acciones contra otras nueve iniciativas del Consell. En tres hubo acuerdo antes de llamar a las puertas del alto tribunal. En las seis restantes, de este año, la negociación está abierta. A la vista de los anuncios de rebaja de la conflictividad, lo lógico es que el diálogo acabara en acuerdo, pero todo puede pasar. También Soraya Sáenz de Santamaría asumió las competencias de las relaciones con los territorios con promesas de diálogo y atención y la conflictividad no disminuyó. La ley del taxi, la de comercio, la de coordinación de policías locales o la del plurilingüismo (la última) están en esa situación.

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