10 de julio de 2018
10.07.2018

La Diputación de Valencia disuelve la empresa de sus escándalos de corrupción

El gobierno de la institución acuerda la liquidación «ordenada» de Divalterra y cesará a los dos cogerentes el jueves

10.07.2018 | 00:20

Han pasado dos semanas intentando encajar las piezas del puzzle y ayer, se vio el resultado: la liquidación «ordenada» de Divalterra con el consenso de todos los partidos del gobierno.

El calificativo «ordenado» fue repetido ayer en numerosas ocasiones por la presidenta en funciones de la diputación, Maria Josep Amigó, en referencia a las «garantías jurídicas» con las que se pretende llevar a cabo la liquidación. Como ya aseguró a este periódico, se encargarán «los informes necesarios» para avanzar en el vaciado de competencias y cierre de Divalterra sin que repercuta en los casi 700 trabajadores de la empresa publica.

Así se decidió en la segunda reunión del equipo de gobierno desde que el presidente Jorge Rodríguez presentara su dimisión tras verse implicado en la «Operación Alquería». Ayer, superada la emergencia del vacío de poder, el equipode gobierno tomó decisiones y la de cerrar Divalterra sitúa a todos los partidos de gobierno en la misma línea de salida hacia la nueva etapa que comienza. PSPV, València en Comú y EU ya hicieron pública su voluntad de liquidar la empresa, pero Compromís se resistía a tomar una decisión rotunda y optaba por no precipitarse, pese a que insistían en que desde el inicio de la legislatura han estado por cerrarla. Así, como declaró ayer Amigó, «todos los grupos nos situamos en la misma hoja de ruta».

Sin embargo, aún queda por despejar dos incógnitas. El cuándo y el cómo. La presidenta no pudo hablar de fechas porque ayer solo se tomó la decisión política, y serán los informes jurídicos y técnicos los que resuelvan las dudas que plantea el proceso de extinción de una empresa pública. Hasta que no se consulte con los profesionales, no puede haber un calendario.

«Hemos hablado de la voluntad de el cierre ordenado de Divalterra, la responsabilidad es grande porque hay muchos trabajadores, por eso no podemos decir que lo haremos en un mes o dos, sería una inconsciencia», subrayó Amigó.

Blindar a los casi 700 trabajadores es, precisamente, la condición única para todos los partidos. El grueso de la plantilla está formado por las brigadas forestales, con 540 empleados que podrían ser absorbidos por la diputación, la salida mejor vista por el gobierno; sino, Amigó planteó que se buscarán otras vías, como ser transferidos a la Generalitat. El estudio también tendrá que precisar qué hacer con el centenar de trabajadores de administración de la empresa.

El jueves se celebrará el consejo de administración de Divalterra donde se cesará a los tres investigados en la «Operación Alquería». Los cogerentes Agustina Brines (Compromís) y Xavier Simón (PSPV), así como el secretario del consejo, Jorge Cuerda ,dejarán sus cargos, aunque Cuerda permanecerá en la administración provincial dado que es funcionario.

Hoy tendrá lugar la junta de portavoces que marcará otra agenda; la de los plenos para tomar en consideración la dimisión de Rodríguez y entregar el acta de su sustituta en la corporación, Rebeca Torró, e directora general de Vivienda y ahora también alcaldesa en funciones de Ontinyent.

Amigó también explicó que los asesores de Rodríguez implicados en la Operación Alquería, Ricard Gallego y Manuel Reguart, serán cesados «de manera automática» al aprobar la dimisión de Rodríguez, porque al ser personal de confianza, sus cargos dependen de la continuidad del presidente.

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