No son tan viejas (las provincias son un invento de 1833), pero huelen a naftalina. Más, si la distancia es mayor con el centro. Y más, si en esa periferia existe algún sustrato nacionalista. Entonces las provincias, y su órgano de gobierno, las diputaciones, se ven como un tentáculo del centralismo frente a las instituciones de autogobierno resultantes de la Constitución de 1978.
Es un debate guadianesco, el de la eliminación de las diputaciones. Va y viene, según la coyuntura política y los escándalos, pero sin avances sustanciales. También porque al final el partido de turno que gobierna se acaba acomodando a las circunstancias y le cuesta levantar la mano contra las decenas de diputados, asesores y altos cargos premiados con una canonjía provincial. Los diputados provinciales ni siquiera son fruto de la elección directa de los ciudadanos. También porque, en el caso valenciano, ha arraigado un sentimiento provincial en su propia periferia como respuesta a un centralismo de Valencia: la Comunidad invertebrada.
Ha habido intentos de transformación, pero no han pasado de cierto maquillaje más o menos frustrado del ordenamiento territorial. La razón de fondo de la resistencia de las diputaciones es que están consagradas en la Constitución. Y a ver quién abre ese melón.
El Consell del Botànic lo ha intentado. Su propuesta de reforma constitucional aprobada en febrero incluye un apartado para que, en el camino hacia una España federal, cada autonomía se organice internamente como considere. En esa línea se pronunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, esta semana en las Corts, ahora que las diputaciones vuelven a ser asunto de debate: «Es el Estado federal al que aspiramos», decía. Y manifestaba la voluntad del Ejecutivo valenciano de «jugar un papel claro en un nuevo modelo territorial para España».
Para eso habrá que ver dónde está España y su gobierno. De momento, el Ministerio de Política Territorial, en manos de la catalana Meritxell Batet, no se pronuncia. Las diputaciones no formaron parte de su discurso de presentación de su proyecto. En todo caso, la reforma constitucional se antoja una empresa demasiado importante para un gobierno en clara minoría.
La piedra angular del debate es la paradoja de un estado de las autonomías que consagra las provincias. A partir de ahí, toda iniciativa contra las diputaciones deriva en puro ejercicio de retórica política. Choca contra un muro. Para eliminar las diputaciones solo cabe la reforma constitucional, pero hay opciones: el Estatuto de Autonomía permite que la Generalitat coordine «por ley» las funciones de las tres provincias.
