La primera vuelta para elegir quién sustituirá a Mariano Rajoy al frente del PP se saldó ayer en la provincia con decenas de incidencias, sobre todo en la capital alicantina y Orihuela, donde se vivieron momentos de tensión. En la ciudad cabecera de la Vega Baja la polémica vino de la mano de la madre de la secretaria general del partido en la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz, número dos de la presidenta del partido, Isabel Bonig. La madre de Ortiz acudió a votar a primera hora de la mañana y pese a no estar en el censo de inscritos que figuraba en la mesa depositó sus papeletas.
Al igual que la madre de Ortiz votaron otras seis personas que no estaban en el censo, lo que provocó el enfado de otros afiliados que se quedaron sin votar en las mismas condiciones pese a estar al corriente de las cuotas y haberse inscrito personalmente para la votación.
La dirección provincial explicó que el fallo vino por algún error en la transcripción del listado que se envió a Orihuela, ya que la familiar de la número dos de Bonig sí figuraba en el censo que manejaba la provincial. Sin embargo, este episodio derivó en numerosas quejas en Orihuela y otros puntos de la provincia por parte de afiliados al corriente de los pagos y previamente inscritos que no se encontraban en las listas. La candidatura de María Dolores de Cospedal, además, anunció ayer que estudia impugnar la mesa electoral en Orihuela.
Por otro lado, un sector de 311 personas afines en su mayoría a la candidata María Dolores de Cospedal -una opción que choca con el posicionamiento del presidente local, Dámaso Alonso, afín a Soraya Saenz de Santamaría- denunció la imposibilidad de inscribirse en el censo por estar cerrada la sede de Orihuela la semana anterior a la votación. «Nos hemos quedado sin margen de maniobra para avisar a la gente de que tenía que ir personalmente a votar porque la sede no ha estado operativa, salvo el último día para inscribirse», se quejó un afiliado oriolano a este diario, junto a residentes de varias pedanías.
Las continuas quejas a poco menos de tres horas de abrirse las urnas llevaron al Comité Organizador a emitir una circular en la que se prohibió la votación de todas aquellas personas que no figuraran en el censo de inscritos que manejaban los presidentes de mesa. Porque en la ciudad de Alicante las incidencias vinieron por el mismo motivo: los afiliados inscritos y al día de los pagos que no estaban en la lista de votantes. Uno de ellos llegó a llamar a la Policía. Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en la sede del PP provincial en torno a las 14 horas, donde se realizaron las votaciones de la ciudad de Alicante. Los agentes levantaron acta de lo ocurrido en la sede popular.
En la sede provincial se vieron por la mañana rostros como el de la senadora Asunción Sánchez Zaplana o el del alcalde de Alicante, Luis Barcala, mientras que por la tarde acudieron el presidente local del partido, Toño Peral. Entre los inscritos para votar, llamó la atención la presencia de Juan Ravello. Exedil de La Torre de les Maçanes, Ravello fue un fichaje de Gabriel Echávarri para el comité electoral socialista en 2014 antes de las elecciones municipales. Tuvo que prescindir de Ravello, en medio de una intensa polémica, al conocerse su vinculación con el PP. Ahora vuelve a su casa: estaba en el censo de inscritos para votar y, por tanto, al corriente de su cuota.
La tarde fue más tranquila. A dos horas de cerrarse las urnas llegaban familias sonrientes, alguna madre con el carrito de su bebé y una decena de jóvenes. Pero mientras amainaban los ánimos de los afiliados que acudían a «su fiesta» electoral con tanta ilusión como incertidumbre, conforme se acercaba la hora del cierre de las urnas la tensión crecía. «Nos jugamos mucho», decía un dirigente del PP. Y todos añadían: «Pase lo que pase, remaremos en la misma dirección».
