Nuevo cerco a las diputaciones provinciales a colación de las últimas detenciones por presunta corrupción en la corporación provincial de València y de la presión que se ha ejercido contra el Consell desde Alicante durante los últimos cuatro años. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer en la sesión de control de las Cortes que el Consell tiene en redacción una Ley de Gobiernos Locales con la que se «permitirá asumir al máximo el principio de subsidiariedad» y poder aumentar así las funciones de los ayuntamientos, es decir, de la administración local más próxima en detrimento de las corporaciones provinciales. Puig realizó este anuncio en respuesta al portavoz parlamentario de Podemos, Antonio Estañ, que en lo que queda de legislatura aprovechará la presión para «ahogar» las diputaciones como una de sus bazas para lograr acelerar, a su vez, otras políticas del Consell del Botànic.

En su intervención, Estañ criticó la «pasividad y continuismo» del Consell en la política sobre las diputaciones, a pesar de que uno de los puntos del acuerdo de la izquierda era la apuesta por el municipalismo y la comarcalización. El líder socialista, por su parte, explicó a Estañ que esa lentitud se derivaba de los «problemas jurídicos» que se encontraron cuando emitieron los decretos de Coordinación, con los que la Generalitat intentó asumir competencias de las diputaciones en Deporte y Turismo y que fueron tumbados por los tribunales. La futura ley de gobiernos locales incluirá la coordinación con las diputaciones y dará más funciones a la que Ximo Puig llamó la «administración más cercana»: los municipios.

Recordó el presidente que la propuesta valenciana de reforma de la Constitución ya aboga por que «cada comunidad decida qué modelo territorial prefiere» y recordó que el problema territorial en España no es solo Cataluña. Los últimos episodios en la Diputación de València a partir del caso Divalterra forzaron ayer en el pleno, a instancias de Podemos, un nuevo debate sobre las diputaciones.L a Operación Alquería se ha saldado con la detención del expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y su posterior dimisión y otros cinco cargos de la corporación provincial. Para el líder de Podemos, es la prueba de la unión de diputaciones y corrupción y de que «las inercias del pasado siguen operando». De ahí que quiera apretar al Consell con el vaciado de sus competencias, junto con las presiones para ampliar el parque de vivienda pública y la construcción de colegios.

La situación amenaza con una nueva batalla entre el Consell y la Diputación de Alicante a la vuelta del verano, cuando quedarán exactamente siete meses para las elecciones municipales y autonómicas. Los dos primeros años y medio de mandato de Ximo Puig y del presidente de la Diputación, César Sánchez, fueron de tensión constante, falta de comunicación y batallas judiciales. La tensión se rebajó con la visita de César Sánchez al Palau a finales del año pasado. Un escenario de enfrentamiento entre las diputaciones y Consell. Suenan nuevos tambores de guerra con la institución alicantina y con Podemos como socio vigilante del Consell ejerciendo una fuerte presión.