El legado del Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro con Mariano Rajoy amenaza al Consell con tener que asumir un nuevo «pufo» heredado de la gestión del PP por diez millones de euros, esta vez por la organización de la última salida de la Volvo Ocean Race. La próxima edición de la regata, envuelta en una polémica entre partidos por los cambios de posición del PP y el PSOE en su política de enmiendas a los presupuestos estatales en función del gobierno de turno, cuenta ahora con otro problema para el ejecutivo valenciano, que podría llegar a adeudar a la Volvo hasta diez millones. El motivo es un cambio en el modelo fiscal previsto en la Ley de Mecenazgo, que permite bonificaciones fiscales para los patrocinadores de los grandes eventos deportivos siempre y cuando sean declarados previamente de «excepcional interés público».

El Ministerio de Hacienda cambió las reglas del juego de las desgravaciones fiscales en relación al año 2018. Las ventajas impositivas que pueden obtener las marcas que patrocinen el evento han variado este año y su aplicación afecta al barco Mapfre, el velero español, que ha visto que las desgravaciones por valor de 18 millones de euros de otros años se reducirán en el presente ejercicio a unos tres mil euros, según explicaron fuentes de la Generalitat Valenciana. Montoro llevó a cabo una resolución en enero de 2018 que modificó los conceptos de la Ley de Mecenazgo que podrían desgravarse las marcas, entre ellos la publicidad en los «call centers». Así, el contrato de Mapfre con el armador del velero establecía que la compañía podría obtener beneficios fiscales por 18 millones de euros bajo el modelo fiscal de la Ley de Mecenazgo aplicado en 2016, 2017 y 2018 -ya que la fiscalidad afecta al año del evento deportivo, al anterior y al posterior- siempre que la compañía invirtiera en la tripulación y otros elementos de mantenimiento 150 millones de euros.

La dirección general de Tributos en manos de Montoro impide a Mapfre desgravarse esos 18 millones de euros con los que se financia parte de la Volvo después de que la marca hiciera la inversión necesaria, siempre según las mismas fuentes. Ese contrato de Mapfre con el armador quitaba a la Generalitat la obligación de poner el barco y mantenerlo, ya que lo financiaba la compañía de seguros a modo de patrocinador. Si la compañía de seguros finalmente reclama porque su capacidad de desgravarse ahora es menor, sería el Consell el que tendría que hacerse cargo de la tripulación del barco por un máximo de diez millones de euros, que es lo que por contrato le está permitido endeudarse al gobierno valenciano en la Volvo. Eso vendría a sufragar diez de los 18 millones de euros que la empresa aporta a la salida de la regata por beneficios fiscales.

La duda está sobre la mesa y no se descarta nada, aunque de momento la compañía no ha hecho amago todavía de reclamar, pese a que ya ha exigido al Consorcio de la Volvo 800.000 euros por lo que no se ha podido deducir por los «call centers». Un asunto fiscal que se suma al movimiento político generado en las últimas semanas a vueltas de la organización de la regata entre los principales partidos con representación alicantina en el Congreso de los Diputados.