La cuenta general de la Generalitat correspondiente 2017 incluye cerca de 150 millones para afrontar la ejecución de cuatro sentencias derivadas del anterior Consell del PP: la demolición de las Torres de Punta Llisera en Benidorm, que pasan de 72 a 100 millones; la anulación de la autovía CV-95 en la comarca de la Vega Baja; los retrasos del Acceso Norte a Alicante por la Avenida de Dénia; y la reducción de tarifas de las ITV. En la rueda de prensa posterior al pleno y junto a la vicepresidenta Mónica Oltra, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó que en 2015 ya hubo que «aflorar» 3.084 millones para provisiones y compromisos «no reconocidos en el pasado, o centrifugados al presente», en 2016 fueron 924 millones mientras que en 2017 son 147,5 millones para ejecutar sentencias, que podrían llegar todavía hasta los 175 millones.

Entre estas resoluciones judiciales se incluye la que obliga a demoler dos edificios de 22 plantas -Gemelos 28- en la zona de servidumbre de costa de Punta Llisera Benidorm y a indemnizar a los 168 propietarios de los apartamentos de lujo con el dinero que pagaron incrementado, además, en un 20%. El impacto de esta sentencia se estimó en 72 millones en el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y es lo que figura provisionado en la Cuenta General de 2017, aunque las estimaciones realizadas por la Generalitat aumentan el coste de la operación, debido a la complejidad de la demolición, hasta una cantidad de 100 millones.

La decisión de demoler ambos edificios llegaba en noviembre de 2017 de manos del TSJ en base a una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que declaró ilegal el permiso dado por la Conselleria de Obras Públicas en 2005 para construir los edificios. Pero el Consell y los dueños no están dispuestos a parar en su empeño de que no se tengan que demoler los edificios. Ambas partes, según las fuentes consultadas por este diario, presentaron un recurso ante el Supremo dentro del plazo de 30 días dado en febrero. Ese recurso aún no se ha admitido a trámite, una decisión del alto tribunal que, según las mismas fuentes, podría retrasarse varios meses y no tener respuesta antes de final de año. Si es admitido a trámite, aún habrá que esperar unos cuantos meses más para saber el fallo definitivo.

Otra de las sentencias a las que la Generalitat debe hacer frente es la anulación de la autovía CV-95, en el tramo Orihuela Costa, cuyo coste está estimado en 9,5 millones en concepto de indemnizaciones más intereses. Otro fallo se refiere a las modificaciones, dilaciones y ampliaciones de plazo en la ejecución del acceso norte a Alicante por la Avenida de Denia, que obliga a la Generalitat a abonar al contratista 14,7 millones, con lo que el coste final de la obra ascenderá hasta los 64,4 millones, un 90% más que el precio inicial de adjudicación (33,8 millones). Asimismo, la Generalitat ha tenido que provisionar 46,55 millones por las obligaciones que pudieran derivarse de la sentencia que anuló el acuerdo del Consell de 2014 por el que se redujeron sin un estudio económico las tarifas de las concesionarias de la ITV en las pruebas de emisiones contaminantes y comprobación sonora.

Sin fondo de liquidez

La Cuenta General refleja también que los fondos propios de la Generalitat se sitúan en un valor negativo de 29.294 millones, mientras el pasivo exigible crece un 4,16% hasta los 50.289 millones debido básicamente al Fondo de Liquidez Autonómica y a las nuevas provisiones. Asimismo, las cuentas 409 y 411, referidas a operaciones pendientes de aplicar a presupuesto -las llamadas facturas en los cajones- o cuyo pago se deriva a varios ejercicios, respectivamente, se han reducido de los 1.756,9 millones en 2016 a los 1.211 millones en 2017. Preguntado por el Fondo de Liquidez Autonómica, Vicent Soler defendió la necesidad prescindir de este mecanismo e insistió en reclamar un nuevo sistema de financiación, algo para lo que la Comunidad Valenciana lleva esperando seis años y no puede esperar otros dos, pues «estamos hartos de vivir de préstamos». El Consell quiere que se cambie de inmediato el sistema o una compensación anual de 1.300 millones. El gobierno de Pedro Sánchez rechaza un nuevo modelo.