La presunta contratación irregular de diez altos directivos en la empresa pública Divalterra, con una docena de informes jurídicos en contra, provocó ayer la detención del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, dos asesores y tres altos cargos de la empresa pública dependiente de la institución provincial.
Además de Rodríguez, los seis detenidos en la bautizada como «Operación Alquería» fueron los cogerentes de Divalterra, Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de Rodríguez: su jefe de gabinete, Ricard Gallego y Manuel Reguart.
El Juzgado de Instrucción 9 de València coordinó junto a la Fiscalía Anticorrupción la bautizada como «Operación Alquería» que ejecutaron sobre el terreno agentes de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura de València.
Los delitos por los que se investiga a los seis detenidos son, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, que podría superar los dos millones de euros, según las primeras estimaciones. Los «sueldazos» cobrados por estos altos cargos, elegidos por su proximidad a PSPV y Compromís, ascienden a unos 75.000 euros anuales por persona. Además de estos indicios, una de las vías de investigación policial también investigaría la posible financiación de PSPV y Compromís a partir de estas contrataciones de supuestos enchufados elegidos a dedo. Aunque es un hilo del que tirar incipiente que, de hecho, no se ha materializado en los presuntos delitos que se imputan a los detenidos.
La operación se inició tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción este mismo año, según confirman fuentes del TSJCV, aunque los partidos en la oposición de la Diputación de Valencia, Partido Popular y Ciudadanos, han aportado documentación que ha cimentado la investigación que erupcionó ayer en forma de la operación policial.
Los empleados de la Diputación de Valencia no daban crédito. A las 8:30 de la mañana, una decena de policías nacionales custodiaban la entrada a la Diputación de València. La «Operación Alquería» se había activado una hora antes en Ontinyent, el bastión electoral del alcalde y presidente de la Diputación Jorge Rodríguez. Allí fue detenido mientras dos cargos de su confianza eran arrestados en València; su asesor en la corporación, Manuel Reguart, y Ricard Gallego, su jefe de gabinete, detenido en su despacho de la diputación a primera hora de la mañana. A las tres detenciones se suman la de los dos gerentes de Divalterra, la empresa pública de la diputación heredera de Imelsa: Xavier Simón que apenas lleva seis meses en el cargo después de haber sido nombrado por el PSPV, y Agustina Brines, cogerente nombrada a propuesta de Compromís.
El despacho de Rodríguez en la diputación fue precintado por los agentes de la UDEF hasta que llegara a València. Mientras, la diputación fue un hervidero de rumores respecto al paradero del presidente, que se encontraba en Ontinyent asistiendo al registro de su vivienda y de las dependencias del ayuntamiento, donde más tarde sería trasladado también Ricard Gallego.
Paralelamente, en la calle Avellanas, la sede de Divalterra se mantuvo clausurada. Dos agentes custodiaban la entrada y las persianas del primer piso fueron cerradas a petición de un agente que iba de paisano. No hubo ningún movimiento más hasta la llegada en coche de Agustina Brines a media mañana, que llegaba desde la Ciutat de la Justicia donde había atendido un juicio por motivos profesionales. Allí fue localizada por los agentes, quienes la trasladaron hasta la sede de la empresa donde se ya encontraba el cogerente Xavier Simón. Ambos salieron en coche escoltados por ls guardias pasadas las 15:30 horas de la tarde.
A lo largo de la mañana, los portavoces de todos los grupos políticos fueron compareciendo ante el despliegue de medios de comunicación. Las luces del despacho se mantuvieron encendidas, pero en la Plaza de Manises, la portavoz del PP pidió públicamente el cese de Rodríguez. Fue la primera en comparecer, y media hora después, lo hizo Mamen Peris, portavoz de Ciudadanos, para pedir también su dimisión inmediata.
La mañana discurrió entre apariciones de los representantes políticos que salían a la calle a valorar la detención de la cúpula de la diputación y de Divalterra. Xavier Rius, diputado de Compromís, salió a defender la gestión conjunta en Divalterra, y Pablo Seguí, portavoz socialista en la Diputación, visiblemente perplejo, apostó doble o nada por la inocencia del presidente. Rosa Pérez por Esquerra Unida cerró la ronda de intervenciones. En la misma plaza estaba convocada una manifestación de los brigadistas de Divalterra que, como cada miércoles y viernes desde hace dos meses, piden mejoras salariales y dejar de estar vinculados con la antigua Imelsa. Sus reivindicaciones coincidieron con el arresto de sus dos máximos responsables, Simón y Brines.
El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, salió de Ontinyent pasadas las seis de la tarde después de haberse sometido a diez horas de interrogatorios y registros que se iniciaron en el chalé donde reside y continuaron en el ayuntamiento que preside desde hace siete años. Los investigadores estuvieron seis horas en dependencias municipales junto a Rodríguez y su jefe de gabinete, Ricard Gallego, extrayendo documentos y recabando pesquisas en sus despachos contiguos. Ambos abandonaron el municipio a las seis de la tarde en sendos coches policiales por separado. Los agentes se marcharon en vehículos particulares y un furgón con algunas cajas pequeñas de reducidas dimensiones y un ordenador portátil. Su destino era el Palau de la Batlia, sede de la Diputación de Valencia, donde el registro se prolongó hasta cerca de las diez de la noche. La previsión es que los seis detenidos pasaran la noche en el calabozo de la comisaría de Zapadores y pasaran hoy a disposición del Juzgado de Instrucción 9.
