El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y los otros cinco detenidos ayer por el caso Alquería han pasado a las 16.05 horas de este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 9.

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Los seis detenidos, que han pasado la noche en los calabozos del Cuartel de Zapadores de Valencia, han llegado en 2 furgones policiales a la Ciudad de la Justicia de Valencia, a cuya entrada se habían congregado decenas de periodistas y reporteros gráficos y de televisión.

El juez ha decretado libertad con cargos para todos ellos: Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de València, su jefe de gabinete, Ricard Gallego, detenido también en operación contra la corrupción. También quedan en libertad los gerentes de la empresa pública provincial Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simón (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación.

Rodríguez ha salido de la Ciudad de la Justicia "tranquilo", según sus propias palabras, y ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar: "Desconocemos de lo que se nos acusa". Por su parte, ha eludido valorar la decisión de Ximo Puig de destituirlo de todos sus cargos: "Lo desconozco".

Asimismo, Reguart ha declarado: "Es una barbaridad lo que han hecho con nosotros".

Rodríguez, quien también es alcalde de Ontinyent y era miembro y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE hasta su destitución orgánica de anoche, fue detenido en una operación que investiga supuestas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, empresa pública de la Diputación de Valencia.

Tras las seis detenciones, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron domicilios particulares, el Ayuntamiento de Ontinyent y la Diputación de Valencia, hasta alrededor de las 22 horas.

Las diligencias declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se abrieron por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el pasado mes de mayo, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia con relación a posibles irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra.