El Juzgado de Instrucción número 9 de València ha coordinado hoy una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez, y otras cinco personas más.
Entre los arrestados se encuentra su jefe de gabinete, Ricard Gallego y el secretario del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, abogado y exsecretario del Ayuntamiento de Sueca y Rocafort, entre otros consistorios, así como Manuel Reguart, asesor del presidente de la entidad provincial. Ricard Gallego ha sido detenido esta mañana en su despacho de la Diputación de Valencia. También han sido arrestados los dos gerentes de Divalterra, Xavier Simón, nombrado por el PSPV-PSOE y Agustina Brines, nombrada por Compromís.
El registro realizado por la Policía en el Ayuntamiento de Ontinyent ha finalizado sobre las 18 horas, seis horas después de su inicio.La comitiva policial ha llegado poco antes de las 20 horas a la plaza de Manises, donde se ubica la Diputación de València, en cuatro vehículos, en uno de los cuales iba Jorge Rodríguez y en otro Ricard Gallego, su jefe del Gabinete.
Rodríguez ha abandonado el edificio consistorial sonriente y acompañado de una agente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ha despedido de uno de los trabajadores municipales que se encontraban en la puerta, y ha entrado en el asiento trasero de un coche policial custodiado por varios policías.
Unos minutos después ha salido del consistorio otro de los detenidos, el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego, que ha subido a otro de los vehículos policiales.
Al parecer ambos coches se dirigen a la sede de la Diputación de Valencia para continuar los registros.
Varios agentes policiales han abandonado también el edificio minutos antes con varias cajas con documentos, maletines y ordenadores portátiles.
Rodríguez pasará a disposición judicial previsiblemente el viernes. Los dos cogerentes de Divalterra acaban de ser trasladados a la comisaría de Zapadores de la Policía, tras asistir al registro de la empresa pública, según confirman a INFORMACIÓN fuentes conocedoras de los hechos.
La causa, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta antes la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por el grupo de Ciudadanos en la Diputación de Valencia. En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de siete altos cargos en 2015 cuyos nombramientos no pasaron por el consejo de administración de la antigua Imelsa, hoy Divalterra.
La actuación se enmarca en la llamada "operación Alquería", en la que agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa), cuyas instalaciones están siendo registradas desde primera hora por los investigadores.
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
Rodríguez, sus dos asesores y el secretario letrado asesor detenidos por agentes de la UDEF pasarán previsiblemente el viernes a disposición del juzgado instructor, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
