n Compromís en la Diputación de Alicante ha solicitado de forma oficial ante el juzgado de instrucción número 7 de Alicante la imputación del expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y la técnica apuntada por el equipo de gobierno del PP como secretaria del Patronato de Turismo Costa Blanca en 2007 y 2008, anualidades en las que se produjeron las contrataciones del stand de Fitur de este organismo autónomo dependiente de la Diputación de Alicante y que investiga la justicia a petición del Fiscal Anticorrupción. La coalición pide además al juzgado que amplíe los años investigados al considerar que existe «una clara continuidad delictiva» en la contratación de los stands del patronato. Esta alcanzaría hasta 2004, sumando interanualmente la cantidad total de 3,2 millones de euros de fondos públicos que podrían haber sido defraudados por las empresas Exporigging y Stands Molinos.

La funcionaria que la coalición pide imputar junto al expresidente Ripoll es la actual jefa del servicio de carreteras de la institución provincial. Según ha podido constatar este diario, su firma aparece junto a la de Ripoll en contratos investigados por el juez. El fiscal ya ha solicitado la declaración de causa compleja al magistrado para poder ampliar el plazo de la investigación

Los tres diputados exigen a su vez al actual responsable del Patronato, el diputado Eduardo Dolón, que aclare por qué cerró la comisión de investigación reclamada por el pleno de la Diputación de Alicante y que buscaba esclarecer «dudas identificadas en la gestión de la institución provincial», especialmente en los años gobernados por Ripoll, sobre quien pende también una petición de fiscalía de 16 años de cárcel en el caso Brugal.

La comisión para investigar los últimos años de gestión del PP en la Diputación de Alicante se convirtió en la antesala de la denuncia de Compromís ante la Fiscalía por las presuntas contrataciones irregulares en el Patronato Costa Blanca desde el año 2004 para el montaje del stand de Fitur de este organismo autónomo dependiente de la Diputación.

El objeto de investigación del caso Fitur Costa Blanca se basa en actuaciones similares a las que centraron la investigación de la rama valenciana de Gürtel, como fueron las contrataciones hinchadas para el montaje de los stands de la Generalitat Valenciana también en la feria Fitur. La rama valenciana de Gürtel ha llevado a la cárcel, entre otros, a la exconsellera de Turismo de la Generalitat con Francisco Camps, Milagrosa Martínez.

La guerra desatada en la Diputación entre el PP y Compromís ha estado marcada en los últimos dos años por los tribunales. Además del caso Fitur Costa Blanca, la coalición ha llevado a los juzgados la adjudicación de dos ayudas «a dedo» -nominativas y por tanto sin concurrencia pública- al pueblo de dos de sus vicepresidentes. La judicialización de esta subvención ha terminando bloqueando todo el plan de obras financieramente sostenibles, dotado con 30 millones de euros.