Las Cortes Valencianas vivieron ayer una intensa sesión de control al ejecutivo valenciano con temas que acaloraron el debate y en la que Podemos, socio parlamentario del Consell, apretó al PSPV y Compromís -partidos en el gobierno valenciano- con la red de viviendas vacías que existe actualmente en la Comunidad Valenciana y con las reformas sociales mientras que Ciudadanos lo hizo con críticas al modelo de residencias públicas para dependientes de la Generalitat. Podemos le reprochó al Consell que en la Comunidad «sigan habiendo 500.000 viviendas vacías» y que «el 70 % de los alquileres estén por encima de los 600 euros», e instó a la Generalitat a que pida al Gobierno de España y al Partido Socialista que apoye la tramitación de la ley contra los alquileres abusivos presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, respondió a Podemos que «el reto social y la transformación económica serán las prioridades del Consell para el año que queda de legislatura» y apuntó que para que el «momento valenciano se consolide, se necesita consolidar políticas a medio y largo plazo». Esa fue su respuesta a la pregunta del grupo parlamentario Podemos sobre los retos de la Generalitat de cara al último año de legislatura, y manifestó que aunque los tres primeros años de mandato han sido «intensos», una legislatura es «insuficiente para transformar realmente esta Comunidad, que venía con una losa de veinte años». «Todos recordamos el alarmismo que se intentó provocar en 2015 ante la firma del Botànic y el nuevo Consell, cuando anunciaron el apocalipsis» y añadió, además, que ese pacto «demostró su vitalidad, su fuerza y su capacidad de cambiar la sociedad valenciana».

Para Puig, no solo se ha mejorado en todos los indicadores económicos sino que también ha sido fundamental «el intangible, y lo que ha significado la estabilidad, el diálogo social y la honradez», aseveró. Además, se mantiene el reto, dijo, de conseguir mejor financiación, más inversiones y superar la deuda histórica de la Comunidad.

La sesión tuvo momentos de tensión durante la pregunta al presidente por parte de la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, que indicó que la vicepresidenta, Mónica Oltra, «ha consolidado el famoso modelo Cotino» de residencias a mayores y «sigue beneficiando al mismo grupo que lleva más de 10 años con los tejemanejes del señor Cotino», refiriéndose a Savia. Esta afirmación no sentó bien a Oltra, que se dirigió a la síndica de Cs: «Que sea la última vez que afirma que beneficio a un grupo de empresas, eso es delictivo y usted lo va a retirar». Tras estas palabras, Sánchez ha pedido la palabra al considerar que le había «amenazado» y resaltó que no se ha inventado nada de lo dicho, además de apostillar que le parecía una falta de respeto lo dicho por Oltra y una amenaza. La pregunta de Sánchez versaba sobre la política social del Consell y se centró en la atención residencial, criticando un «modelo de dependencia low cost en el que se paga a cuidadores no profesionales 380 euros provocando salida de los auténticos profesionales y la pérdida de oportunidades» en el sector.

La sesión de ayer sacó a relucir otros dos temas. Por un lado, la comparecencia de Puig en el Senado por la financiación autonómica, que siguió defendiendo como un derecho pese a los ataques de la portavoz del PP, Isabel Bonig, que le acusó de haber retirado ahora con el PSOE en el Gobierno la petición de la comparecencia. Por otro, la reapertura de la televisión autonómica, À Punt, de quien Puig dijo que ha permitido pasar de 1.085 trabajadores del audiovisual en 2015 a más de 3.000 y a generar 2,1 millones en ventas por cada millón invertido. Compromís anunció que propondrá blindar en la reforma del Estatuto de Autonomía una televisión pública «plural, independiente y en valenciano» para que nadie vuelva a usarla «como su juguete».