Los veinticuatro acusados en dos de las tres piezas del Caso Cooperación que han de juzgarse en breve han llegado a un principio de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para aceptar los hechos que se les imputan y devolver el dinero saqueado a cambio de la reducción considerable de penas, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras del pacto, en una fase muy incipiente de ratificación.
De esta manera, el exconseller Rafael Blasco, que se enfrentaba a 16 penas de cárcel, vería reducida a dos años y seis meses esta segunda condena por el desvío de las ayudas a la Cooperación al Desarrollo, por el que ya cumple seis años y medio de cárcel desd el 15 de junio de 2015.
Su empresario fetiche durante varias décadas, Agusto César Tauroni, que ya está en libertad tras cumplir otros seis años de cárcel por el juicio de la primera pieza del Caso Blasco también vería reducida a dos años y medio la condena por desviar ayudas a Perú y África o el hospital de Haití que nunca llegó a construirse.
A cambio de esta rebaja considerable de las penas, los procesados del segundo Caso Blasco se comprometerían a poner a disposición de la justicia propiedades como la casa de Aigües Vives de Alzira del exconseller, el apartamento y el yate que Tauroni aún tiene en Miami o un apartamento de Marc Llinares en la Marina para hacer frente a los cuatro millones supuestamente desvíados por la trama en lugar de destinarlos a las ayudas a la cooperación en Perú, África, Guinea y Haití.
Aunque este ofrecimiento es un poco baladí, porque todas estas propiedades permanecen embargadas por la justicia desde que comenzó la instrucción de esta macrocausa de corrupción que comenzó a investigarse en mayo de 2011. Y la intención de la Oficina de recuperación de activos de la Generalitat tiene la intención de ejecutar la primera sentencia, por la que Blasco y sus cokpañeros en la trama ya fueron condenados a devolver 1,6 millones de euros.
El acuerdo entre acusados y Fiscalía, no obstante, aún no es definitivo. Debe ser aceptado por la Abogacía de la Generalitat (en una reunión prevista para la semana que viene) y por la Coordinadora Valenciana de ONGD que considera el acuerdo «inaceptable».
