La sección quinta de la Audiencia de València ha rechazado el recurso presentado por el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, para pasar de la cárcel al arresto domicilario por motivos de salud, según confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La defensa del exministro insistía ayer en una vistilla en los problemas de salud que sufre el exalcalde Benidorm, tras detectársele una leucemia en 2015, por la que aún sigue en tratamiento.
Por ello, su letrado solicitaba que se acuerde la medida alternativa del arresto domiciliario, una petición a la que se oponía la Fiscalía Anticorrupción, que también compareció ayer en la vistilla celebrada a puerta cerrada en la Ciutat de la Justicia de València.
El principal argumento para rechazar la solicitud es que esta medida sería un trato de favor respecto a otros reos. La jueza de Instrucción 8 también rechazaba esta posibilidad porque no hay suficientes pulseras geolocalizadoras, que sólo se usan para los casos de violencia de género. Una decisión que ahora ratifica la sección quinta de la Audiencia de València que confirma la prisión provisional decretada por los investigadores del Caso Erial, que indaga presuntas comisiones a Zaplana por la adjudicación de varios contratos.
Por otro lado, el TSJCV dio a conocer que deniega conceder el tercer grado penitenciario al exconseller Rafael Blasco, quien se encuentra en prisión cumpliendo condena por el desvío de ayudas públicas para la cooperación internacional. En un auto hecho público ayer, la Sala de lo civil y penal del TSJCV desestima el recurso de apelación presentado por Blasco, y mantiene la resolución por la que se acuerda mantenerle el segundo grado penitenciario. Para ello, el tribunal ha tenido en cuenta, entre otras cuestiones, el informe de Instituciones Penitenciarias, que apreció riesgo medio-alto de reincidencia.
Rector de la trama
El auto de la sala destaca que la trama en la que se vio involucrado Blasco produjo «una gran alarma social», por la naturaleza de los bienes sobre los que recayó, por el grado de corrupción de la administración que puso de manifiesto y por el grado de elaboración, planificación y complejidad organizativa que supuso.
Además, señala que el condenado ocupaba «un papel primordial o rector dentro de toda esa trama delictiva». Asimismo, aseguró que su situación penitenciaria no está «totalmente definida», ya que puede sufrir modificaciones porque aún quedan por enjuiciar, al menos, dos piezas de esta causa.
