El director general de Administración Local del Consell y hombre de confianza de Ximo Puig, Toni Such, tuvo que poner ayer orden en la Diputación Provincial en relación a las «ayudas a dedo» y al rumbo político que ha tomado el reparto de los 30 millones de euros con los que está dotado el último plan inversor de la institución provincial. El responsable de Administración Local del Consell, que ayer se reunió con el vicepresidente de la institución alicantina, Carlos Castillo, urgió a todos los grupos a llegar a un acuerdo para desbloquear el plan de inversiones financieramente sostenibles, paralizado después de que Compromís mantenga en los juzgados la denuncia contra una de esas subvenciones y de que el PP no quiera aprobarlo sin las ayudas judicializadas.

Such alertó a los grupos políticos de que las fechas actuales suponen un «momento complicado» para el desarrollo de los proyectos dentro de 2018, y advirtió de que se corre el riesgo de que pueda acabar «un año en blanco». Tras la reunión con Castillo -quien le pidió hace tres semanas una cita urgente para abordar el enquistamiento de las inversiones sostenibles por la falta de «lealtad institucional de Compromís»-, el responsable autonómico de Administración Local hizo un llamamiento alto y claro a los grupos, a los que reclamó colaboración para que lleguen las ayudas a los pueblos.

Pese a los «rifirafes» que han tenido Such y Castillo en otras ocasiones, esta vez el colaborador de Puig defendió que no tiene sentido bloquear en los juzgados un plan por una ayuda que se concedió en un acto administrativo anterior, como ayer le trasladó Carlos Castillo en una reunión donde el responsable de Administración Local no llegó a sentirse del todo cómodo. El colaborador de Puig se refirió también a la «enorme prudencia» de la Diputación, que suspendió el reparto de los 30 millones alegando que quería evitar cualquier tipo de desobediencia judicial al existir una suspensión cautelar sobre la ayuda de 800.000 euros a Busot, integrada en el plan de obras sostenibles. Pero la afirmación no fue gratuita. En ella criticaba la decisión política del PP de negarse a aprobar el plan, como le pide Compromís, sin los siete millones de «ayudas a dedo» integrados en el mismo. Al PP también le pidió que ponga de su parte «para tirar hacia adelante en las inversiones». «Ni mediante chantajes ni amenazas judiciales se puede avanzar», sentenció. Tras decir esto, aprovechó para dar una palmadita a su partido, y dijo que el PSPV en la Diputación -que avala el plan de sostenibles del PP- toma decisiones «pensando en los ciudadanos».

Carlos Castillo trasladó a Such que se hace necesaria la mediación del Consell, que la actitud de Compromís es de «deslealtad a la institución» y que se ha creado un escenario «inviable» para la aprobación de los planes que benefician a los municipios. Preguntado sobre por qué el PP no aprueba el plan de ayudas sostenibles dejando fuera las subvenciones judicializadas, dijo que el equipo de gobierno no quiere «ceder al chantaje de un grupo minoritario cuando hay un pacto con 25 diputados, la mayoría de la oposición».