12 de junio de 2018
12.06.2018

«Los que pagan hoy actos electorales, obtienen contratos administrativos»

La resolución considera probado que el PP financió las campañas electorales investigadas de «una manera tan irregular que fue delictiva»

12.06.2018 | 01:08
Los acusados sentados en el banquillo el día que arrancó el juicio por la rama valenciana de Gürtel.

El magistrado ve relevantes las confesiones de algunos acusados para esclarecer los hechos.

«Se podría hablar de un soborno en diferido. Los empresarios que hoy financiaban campañas electorales, mantienen u obtienen contratos administrativos mañana». De esta manera, explica la sentencia del juicio de la rama valenciana del caso Gürtel el modus operandi de los acusados. El juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional impuso ayer penas que oscilan entre los cuatro meses y los seis años y nueve meses de cárcel a 18 de los 20 acusados, al considerar probado que el PP de la Comunidad Valenciana se financió ilegalmente durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Se les condena por delito electoral, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, este último delito para los responsables de Orange Market.

La sentencia tiene en cuenta las confesiones que hicieron los acusados en el inicio del juicio para reducirles la pena, aunque admite que son «tardías» pero que sí han sido relevantes para el esclarecimiento de los hechos. «Acaban de completar el mosaico del entramado del PPCV para financiar sus elecciones», asevera. La Fiscalía ya redujo las penas que solicitaba para Ricardo Costa y para Francisco Correa y cerró un acuerdo con los empresarios que admitieron haber financiado ilegalmente al partido. El magistrado José María Vázquez Honrrubia aplica estas rebajas al imponer a Correa cinco años y tres mes; y cuatro años a Costa; pero aplica a otros acusados rebajas en las condenas al sí considerar relevantes sus confesiones (en contra del criterio de la fiscal), como es el caso de Álvaro Pérez «El Bigotes» (6 años y nueve meses) y a Pablo Crespo (cinco años). El magistrado subraya que la aplicación de estos atenuantes puede suponer un «acicate» para colaborar con la Justicia.

El fallo declara probado que los acusados vinculados al empresario Francisco Correa se trasladaron a la Comunidad Valenciana para aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a personas que desarrollaban su actividad política en el ámbito de esa comunidad para conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos que pudieran ser organizados por el PP. El juez considera que en las elecciones investigadas los acusados excedieron la cuantía máxima de gasto electoral prevista por la Ley por lo que recurrieron a empresarios que abonaron a Orange Market parte de los servicios por la organización de actos electorales.

Sobre el papel, 175.000 fue la cuantía única declarada por Orange Market y el PP por la organización de actos electorales, «sin embargo, el servicio fue muy superior». El juez considera probado que en las autonómicas los gastos fuera de la facturación ascendieron a 1.155.731 y 78.878 euros; mientras que para las generales ascendieron a 801.231 euros.

Los empresarios condenados por su condición de contratistas de las Administraciones Públicas no podían hacer donaciones directas al PP, ni podían pagarlos directamente por la prohibición genérica legal del abono de gastos políticos por terceras personas. Por ello, fueron los empresarios quienes pagaron la deuda del PP con Orange Market en concepto de servicios ficticios que les habría prestado esa mercantil.

El magistrado considera que las declaraciones de los acusados que confesaron los hechos, junto con la documentación que obra en la causa han permitido establecer que «el PP de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de los años denunciados de una manera tan absolutamente ilegal que fue delictiva».

Según la sentencia, el bien jurídico protegido es «tratar de mantener la pureza de los procesos electorales», al tiempo que el hecho de que los financiadores vayan a ser adjudicatarios de servicios públicos y empaña de manera «absoluta» la repetida neutralidad y objetividad.

El fallo señala que los acusados del grupo de Correa se comportan como «un grupo u organización criminal», aunque no pueden ser condenados por asociación ilícita porque ya lo fueron en otra de las piezas de la Gürtel. «Se dan todas las características como tal, es decir, un grupo de personas permanentemente dedicadas a cometer delitos (...) y dotados de una organización articulada».

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