n El promotor Enrique Ortiz y otros ocho empresarios se confesaron culpables de estos hechos meses antes que arrancara el juicio. Unos reconocimientos que se han visto apoyados por una sentencia más benévola y que les sustituye las penas de prisión por multas de cuantiosas cantidades. La sentencia premia de esta manera la colaboración con la Justicia de los empresarios, que han ayudado al esclarecimiento de los hechos investigados.
El fallo declara probado que el empresario Enrique Ortiz y José Beviá abonaron una parte de los gastos del PPCV con motivo de la campaña de las elecciones generales de 2008 que ascendió a 348.115 euros. Para dar cobertura formal a estas entregas Orange Market elaboró diversas facturas que suponían la prestación de servicios por su parte a la mercantil.
El fallo declara probado que los empresarios Antonio y Alejandro Pons entregaron a través de la mercantil Piaf 26.912 y 4.000 euros por las campañas de 2007 y 2008 respectivamente a través de Orange Market. En el caso de Facsa y Aguas de Castellón, las cantidades abonadas por Enrique Gimeno ascendieron a 150.000 y 200.000 euros. También Rafael y Tomás Martínez Berna abonaron 199.520 euros para gastos electorales. Otro de los empresarios destacados en Luis Batalla, administrador de Lubasa, que abonó un total de 110.220 euros. Los gastos electorales del PP pagados por Vicente Cotino 150.684 euros.
El magistrado subraya en la sentencia la minuciosidad de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) , que ·ha tenido la singular perseverancia de especial mérito, dada su complejidad de cruzar y recruzar las mismas para obtener un sólido basamento probatoria que ahorraría mayores consideraciones».
Según el juez, el trabajo desarrollar permite concluir cuál fue el coste real de los distintos actos electorales investigados. También se elogia el rigor de los informes de la Agencia Tributaria, cuyas conclusiones eran suficientes para fundamentar una sentencia condenatoria.
Situación monopolística
El juez concluye en su resolución que en este tipo de delitos también están los intereses de los empresarios que no participan en la financiación irregular, pues es fácilmente deducible que tendrán enorme dificultades cuando no serán inmediatamente excluidos para ser adjudicatarios de obras o servicios de una administración cuyos ocupantes son los miembros de un partido al que no han querido financiar».
La responsabilidad de los empresarios que pagaban fondos al PP es, según el juez, la clave del asuntos pues además de la financiación ilegal se colocaban en una situación privilegiada, ventajosa, «por no decir monopolística» para mantenerse como contratistas de la administración regional.
