Carmen Montón deja tras de sí una larga lista de «pendientes». Más allá de los hitos como la reversión del hospital de Alzira, la socialista deja muchas tareas iniciadas y no terminadas que van a marcar necesariamente la agenda de Ana Barceló empezando por las listas de espera. Estos son el resto de temas.
Fin del contrato de las resonancias
El calendario manda y en septiembre se completará otra de las decisiones del gobierno de Montón: no se renovará el contrato en 16 hospitales valencianos con la UTE Erescanner para dar el servicio de resonancias. Internalizar el servicio era una de las apuestas de Carmen Montón en la línea de sacar el beneficio privado de la sanidad pública aunque se ha tenido que recurrir a un contrato «puente» durante dos años porque no se llega a tiempo. El concurso ha estado paralizado hasta este miércoles, como ha sucedido con tantos otros.
La reversión de Dénia
Alzira fue el primero del modelo de concesiones hospitalarias en caer pero Montón y el president Ximo Puig querían que no fuera el único. La determinación de DKV Seguros de salir de la UTE concesionaria (son los socios mayoritarios) abrió una oportunidad que Puig cogió al vuelo. Las negociaciones -sobre las que ha planeado un absoluto mutismo- buscaban ahora una ruptura negociada del contrato para evitar una reversión forzada. En este proceso Puig y el o la sucesora de Montón se juegan la palabra. Por otra parte, Alzira está bajo dirección pública ya pero aún quedan problemas por resolver como la llegada de todo el nuevo personal.
Normalizar relaciones con el IVO
Ribera Salud perdió Alzira, Erescanner perderá las resonancias y el IVO se tuvo que plegar a un nuevo convenio con Sanidad que imponía la derivación previa al ser una fundación privada y no un centro público. El enfrentamiento por la llegada de pacientes ha sido patente desde la entrada en vigor del nuevo convenio y las relaciones entre Montón y el director general del IVO y su antecesor, Manuel Llombart son más que distantes. El IVO pleitea ahora por las facturas de 2017 y por la recepción de pacientes.
El enfrentamiento con los farmacéuticos
En su ánimo centralizador (reunir para ahorrar), Montón apostó por un modelo de reparto individualizado de fármacos para todas las personas en residencias, fueran éstas públicas o privadas. La decisión se ha encontrado de frente con los colegios de farmacéuticos que aseguran que la norma es ilegal y por ello la han recurrido.
Problemas con el personal
Los sindicatos llevan más de un año esperando que se oficialice el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que ha de poner orden en las maltrechas filas de profesionales de la pública. De él depende también acabar con las jubilaciones forzosas a los 65 años que se están aplicando. El PORH está pactado pero no ha sido aún publicado.
Recursos judiciales
Las decisiones de Montón no han sido del gusto de todos y gran parte de ellas han acabado en los tribunales. Pendientes de resolución están, entre otros, la decisión de sacar a los universitarios de la privada de las prácticas en hospitales públicos; la reciente adjudicación del macrocontrato de las ambulancias recurrido por una de las aspirantes por presunta prevaricación o la propia reversión del hospital de la Ribera, entre varias otras.
El frente de los consorcios
Bajo el mandato de Montón se ha avanzado es unificar las plantillas de los consorcios hospitalarios con el del resto del personal para permitir, por ejemplo, que puedan optar a las bolsas de trabajo de toda la C. Valenciana. En Castelló, Montón se va justo después de que la justicia haya anulado los 17 despidos acordados en 2016. De este acuerdo ahora anulado depende también la creación de 109 nuevas plazas.
