El debate sobre la inclusión de las ayudas «a dedo» de la Diputación en el último plan inversor de la institución provincial de Alicante, que prevé el reparto de 31 millones para los municipios alicantinos en el plan de obras financieramente sostenibles, se adelantó ayer en el pleno -uno de los más broncos del último mandato- pese a estar suspendida toda tramitación sobre el mismo y a pesar de que que su aprobación no formaba parte del orden del día. Una moción de Compromís para sacar del plan de obras las ayudas judicializadas y poder repartir el resto forzó a los grupos a abordar uno de los asuntos más peliagudos de la gestión de César Sánchez e incendió la sesión plenaria, donde se evidenció la ruptura de las negociaciones entre Compromís y el equipo de gobierno del PP ante un PSOE que empezó tibio y que tras la sesión terminó acusando a Sánchez de romper puentes con la oposición.
Los populares volvieron a condicionar la aprobación de las inversiones financieramente sostenibles a lo que decidan los tribunales respecto al recurso de Compromís contra este tipo de ayudas. La coalición denunció la subvención directa a Busot y a La Nucía por considerarlas arbitrarias y sobre la primera la jueza de lo Contencioso-Administrativo ordenó la suspensión cautelar, pendiente ahora del recurso presentado por el PP ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
El vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno, Carlos Castillo, pidió a Compromís que retiere el recurso de los juzgados para que se puedan desbloquear las ayudas e insistió en que están suspendidas por «responsabilidad» mientras no haya un pronunciamiento de los jueces. Acusó a la coalicion de querer destruir «el trabajo y la honorabilidad de los demás» y de hacer política sin talante institucional y «faltando siempre a su palabra». «Es una política de circo», dijo.
Compromís argumentó que el PP incluyó en el plan de sostenibles más de 7 millones en ayudas nominativas de las que una de ellas está judicializada, por lo que existe la posibilidad de sacar del plan las ayudas en los juzgados y aprobar el resto de subvenciones en vez de «tener como rehén a los 141 pueblos de la provincia».
El debate evidenció el toma y daca político entre PP y Compromís ya que los populares dejaron claro que no iban a sacar los siete millones de nominativas del plan inversor -votaron en contra de la moción- mientras que Compromís ratificó que no retirará el recurso de los juzgados por el presunto reparto ilegal de las ayudas directas. Sacar los siete millones del plan inversor hubiera permitido ayer aprobar el resto de ayudas para los pueblos, como recordó la portavoz de EU, Raquel Pérez. Sin embargo, llamó la atención el acercamiento del PSOE a Compromís -que en este asunto se había «mojado» poco y que avaló el plan de ayudas sostenibles de César Sánchez para 2018-, ya que la formación empezó tibia y acabó acusando a Sánchez de romper puentes. Para Chulvi, la sesión fue muy bronca por el talante de los populares. «En este pleno no han sabido encajar ni las críticas, ni las llamadas al consenso que se han ofrecido por parte del grupo socialista para desbloquear la parálisis que vive la institución, y no sólo con las inversiones que se tienen que otorgar, sino que con los proyectos ya aprobados cuyo grado de ejecución es ínfimo», señaló. Exigió al presidente abordar el reparto del plan de obras sostenibles y las ayudas «a dedo» en la junta de portavoces, por lo que pidió su urgente convocatoria. Le reprochó también que se negara a votar una alternativa para que la Diputación cuente con un Fondo de Cooperación Municipal sin condicionantes para los ayuntamientos siguiendo la línea marcada por la Generalitat.
Protección Animal
La sesión también aprobó la creación de un área de Medio Ambiente y Protección Animal bajo las competencias de Javier Sendra, quien explicó que hacía falta porque existe «preocupación» en muchos ayuntamientos sobre la situación en la que se encuentran los albergues.
