La Generalitat se personará en el conocido como «caso Erial», en el que se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación, y por el que ha sido detenido el expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, junto a otras seis personas. El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a ejercitar las acciones que puedan derivarse de las investigaciones que se están llevando a cabo en las diligencias previas de este caso, según anunció la vicepresidenta, Mónica Oltra, tras el pleno del Gobierno valenciano. Aseguró que se considera «más que conveniente que los representantes procesales de la Generalitat sean parte en el proceso y busquen el máximo resarcimiento posible para la administración autonómica».

Señaló que el pasado 22 de mayo, y en el seno de esas diligencias previas, se personó en la sede de la Presidencia de la Generalitat un agente de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial, al efecto de que se atendiera el requerimiento de entrega de documentación ordenado por este juzgado.

Oltra también se refirió a la investigación abierta por la Generalitat después de que el responsable de Recursos Humanos del IVACE accediera a expedientes del Plan Eólico días antes de la detención de Eduardo Zaplana. Explicó que la Conselleria de Transparencia ha nombrado a dos inspectores de la Inspección General de servicios para que investiguen las posibles irregularidades cometidas en el archivo de la Generalitat en Riba-roja en relación con los citados expedientes.

Señaló que las dos inspectoras tienen previsto realizar entrevistas para comprobar todo el itinerario, y después de las actuaciones realizarán un informe, en el que o bien incluirán recomendaciones o plantearán iniciar el trámite correspondiente de expediente disciplinario. Aseguró que se tendrá en cuenta «el global» de la investigación para ver «qué ha podido fallar en todo el itinerario» y dijo que una vez tengan el informe «se tomarán las medidas pertinentes, ya sean disciplinarias o de recomendaciones para evitar este tipo de sucesos en un futuro». En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Por otro lado, la defensa de Eduardo Zaplana ha pedido la libertad del expresidente de la Generalitat y exministro por razones humanitarias, o en su defecto arresto domiciliario por su «grave enfermedad». Fue sometido a un trasplante de médula en 2015 después de que se le diagnosticara una leucemia. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas, según explicaron fuentes jurídicas. El exministro continúa encarcelado.