La investigación judicial por presunta prevaricación, malversación y falsedad documental en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1 suma dos nuevas imputaciones. Y son de calado. La jueza de Instrucción 17 ha citado a declarar como investigados al exvicepresidente de la Generalitat y conseller en tres carteras distintas entre 1999 y 2011, Vicente Rambla. Y al exsecretario autonómico de Cultura y exvicesecretario general del PP David Serra.
Ambos acaban de ser juzgados en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos cometidos en las elecciones autonómicas y nacionales de 2007 y 2008, junto al exsecretario general del PP, Ricardo Costa, quien admitió la presunta financiación ilegal del Partido Popular por parte de nueve empresarios y contratistas de la Generalitat, que también confesaron los hechos a la Fiscalía Anticorrupción antes del inicio del juicio a cambio de una rebaja en la pena impuesta, para esquivar la cárcel.
Rambla y Serra también estarían ahora presuntamente investigados y relacionados con el presunto amaño de contratos y pago de comisiones durante la construcción del circuito de Fórmula 1 que construyó el ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP), que dependía de la Conselleria de Infraestructuras, entonces dirigida por Mario Flores. El circuito de F1 en el Grao de València se adjudicó por 73,2 millones de euros, pero las obras costaron 89,7 millones, un sobrecoste de 16,5 millones de euros.
Al respecto, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Instrucción 17 de València ha puesto la lupa en las empresas que diseñaron y dirigieron la obra del circuito, Typsa y Ayesa, y que se beneficiaron de pliegos de contratación a la carta, ya que incluso participaron en su elaboración, como se ha descubierto tras revisar 105.000 correos en el caso Valmor, que investiga la gestación y organización de la Fórmula 1 en el juzgado de Instrucción 2.
Los investigadores también han reclamado a la Conselleria de Infraestructuras los expedientes completos de las obras realizadas por las empresas FCC y Hormigones Martínez, que participaron en la construcción de la «infraestructura de conexión Alameda-Avenida de Francia-Puerto» y la pasarela peatonal sobre el antiguo cauce del Turia, respectivamente, y que costaron 34 millones de euros. Hormigones Martínez es una de las empresas que ha admitido haber financiado ilegalmente al PP. Y FCC también aparece como «financiadora» del PP de Rita Barberá en 2007.
