Rafael Betoret y Jorge Guarro cumplen condena de cárcel desde el pasado jueves por su implicación, ratificada por el Tribunal Supremo, en el amaño de contratos públicos para la feria Fitur en favor de la trama corrupta de Francisco Correa, protagonista a su vez del operativo para la financiación ilegal del PP. Los dos citados han sido hasta ahora empleados de la Agència Valenciana de Turisme, al igual que Ana Grau, sobre cuyo posible ingreso en prisión aún no se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ya que ha pedido un indulto. Los tres asalariados públicos han solicitado una excedencia de sus puestos de trabajo, según confirmaron a INFORMACIÓN fuentes de la Generalitat. El objetivo sería atenuar los efectos de las penas de inhabilitación con las que han sido castigados e intentar conservar sus plazas, de acuerdo con las citadas fuentes.
La inhabilitación supone la pérdida de la condición de empleado público, de forma que al vencer el castigo (27 años en el caso de Betoret, 15 en el de Guarro y seis en el de Grau) los afectados no vuelven a sus puestos, sino que tendrían que pasar por un proceso de selección. La solicitud de excedencia iría encaminada así a que las sanciones queden en suspenso al alegar que no ocupan plazas actualmente en Turismo.
La agencia pública, comandada por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha pedido a su vez a la Abogacía de la Generalitat que dictamine qué debe hacer ante la reclamación de los tres condenados. Se trata de una forma de avalar sus decisiones y de marcar distancias con la resolución, ya que Turismo cuenta con servicios jurídicos propios.
El clima en la institución es complicado, admiten fuentes de la misma, ya que los condenados cuentan con una larga trayectoria en la casa. Como publicó este diario, los compañeros realizaron un acto de solidaridad la semana pasada al cancelar la actividad durante unas horas y colgar carteles de apoyo en la sede. «Ha sido un golpe emocional muy fuerte», aseveran técnicos de Turismo, que defienden que los condenados cumplían órdenes de los responsables de la institución. A la entonces consellera de Turismo Milagrosa Martínez le ha sido impuesta una pena de nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación.
No obstante, otras voces en la Generalitat consideran que la AVT está eludiendo su responsabilidad y «pasando el muerto» a la Abogacía. De acuerdo con esta interpretación, no cabe ninguna medida de gracia hacia tres condenados con sentencia firme y la Administración tendrá que ser contundente en la aplicación de las sanciones.
