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El alto cargo que espió las actas del plan eólico es el marido de una imputada en Gürtel

Roselló entró en Aguas de Valencia por mediación de Juan Francisco García en plena batalla de los zaplanistas por el control de la compañía

El alto cargo que espió las actas del plan eólico es el marido de una imputada en Gürtel

Alfonso Roselló, el alto funcionario de la Conselleria de Economía que espió el pasado 16 de mayo la documentación del plan eólico que una semana después fue intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dentro del Caso Erial - en el que se le imputan al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación-, es el marido de la exsecretaria autonómica de Educación, Auxiliadora Hernández, imputada en el caso Gürtel y hermana de la exconsellera de Agricultura, Maritina Hernández. Concretamente, Auxiliadora Hernández fue citada en relación a la contratación del Acto Congreso Familia y Escuela 2006, que la Conselleria de Cultura adjudicó a varias mercantiles de Francisco Correa, cabecilla de la trama.

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Los vínculos de Roselló con el zaplanismo se remontan a finales de los 90 cuando, según pudo saber INFORMACIÓN, se incorporó a Aguas de Valencia por mediación de Juan Francisco García, por entonces jefe de gabinete y mano derecha de Eduardo Zaplana, también detenido en el marco del Caso Erial. Roselló formó parte de la compañía en un contexto especialmente agitado, con la batalla por el control de la sociedad en la que Zaplana, aliado con el grupo francés Bouygues -también en el intento de consolidación del grupo mediático Tabarka Media afín al Partido Popular-, se enfrentó al consejero delegado Aurelio Hernández y a Francisco Pontes, director general de la entidad. Pieza clave del engranaje zaplanista en la lucha por la compañía, Roselló acabó siendo despedido por Pontes.

Rebotado de Aguas de Valencia, Roselló encontraría refugio político en la administración autonómica a través de la Agencia Valenciana de Energía (AVEN) en 2001, el mismo año en el que supuestamente se cometieron las irregularidades ahora investigadas en el juzgado de instrucción número 8 de València y que han llevado a Zaplana a prisión. Roselló empezó a consolidar, a partir de ese momento, la carrera funcionarial que en 2013, con la extinción de AVEN dentro de la reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional, le llevaría a formar parte del organigrama de IVACE.

25 minutos revolviendo papeles

Tal como publicó ayer El Mundo, Roselló, jefe de Recursos Humanos y Servicios Generales del Instituto Valenciano de la Competitividad (IVACE), accedió a las 12:33 horas del pasado 16 de mayo, como se reflejó en el parte de entrada de los vigilantes, en el Centro Logístico de la Generalitat en Riba-roja. Según estas fuentes, durante 25 minutos estuvo revisando información relativa al plan eólico, proyecto licitado en 2001 por Eduardo Zaplana, meses antes de dejar el gobierno valenciano para ser Ministro de Trabajo y Servicios Sociales. Roselló prestó especial atención a la carpeta con la información del área IV del plan, relativa a la adjudicación del 25 % de participación del total de Proyectos Eólicos Valencianos a Sedesa, firma de Vicente Cotino Escribá, sobrino del exconseller Juan Cotino.

Los empleados del archivo habrían encontrado la carpeta donde se almacenan los documentos fuera de su lugar y con las páginas alteradas. Con posterioridad, el pasado miércoles, 23 de mayo, la Guardia Civil irrumpió en el Centro de Archivo y Logística en busca de pruebas.

Roselló es, además, cuñado de Maritina Hernández, consellera de Agricultura entre los años 2007 y 2012 bajo el mandato de Francisco Camps. Según pudo saber INFORMACIÓN, Hernández también es trabajadora de IVACE, en el área de Innovación. Entre las competencias actuales de Roselló estarían la negociar con Hacienda la relación de puestos de trabajo de IVACE, aunque otras fuentes consultadas por este periódico afirman que tal cometido es responsabilidad personal de Julia Company, directora general de IVACE, que habría estado trabajando durante los dos últimos años la RPT, que se pretende que esté cerrada antes del verano.

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