«Eduardo Zaplana, un liberal para el cambio». Ese fue el lema de campaña electoral con el que se presentó a los comicios autonómicos de 1995, tras tomar el control del Partido Popular de la Comunidad Valenciana después de que lo catapultara a la alcaldía de Benidorm el voto de una tránsfuga -Maruja Sánchez, de nombre-. Nada más llegar al poder mediante el «pacto del pollo» con UV auspiciado por los empresarios deseosos de un Consell de derechas, demostró el por qué de ese eslogan con «el gran golpe» (como explicó INFORMACIÓN en su portada del 2 de febrero de 1997) a las cajas de ahorros para tomar su control, después de que las dos principales entidades financieras valencianas -Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)- se negaran a financiar con sus obras sociales los proyectos universitarios de la nueva Generalitat, como la Universidad de Elche, clave para el primer ejecutivo popular.
El hoy encarcelado Zaplana por la «Operación Erial» «Operación Erial»asaltó la banca para subyugarla y poder usarla a beneficio del «régimen» popular -como después ampliaría su sucesor Francisco Camps con los grandes eventos (Fórmula 1)- con la finalidad de financiar los megaproyectos de hormigón (Terra Mítica, Ciudad de la Luz) o de practicar el clientelismo mediante colocaciones en los órganos de gobierno de las entidades, que pasaron a ser controladas por los políticos. Así se podía relevar a los gestores incontrolables. El cambio legislativo, que fue imitado en otras Comunidades Autónomas en ese afán de dominio del crédito, fue impulsado por el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, y el abogado y vicepresidente de Bancaja, José María Mas Millet. La nueva norma, de 1997, otorgaba al Consell un 28% de la representación, el mismo porcentaje que ayuntamientos e impositores, con lo que los políticos pasaban a ser mayoría (56%) y el jefe del Consell pudo forzar la dimisión de José María Simó y Emilio Tortosa, en Bancaja. El ejemplo más ejemplificador de esa politización sería, años más tarde, el paso de un presidente del Consell, José Luis Olivas, a la presidencia de Bancaja.
Bancaja y la CAM entraron en el juego de los grandes proyectos como grandes accionistas, junto a la Generalitat, del parque temático de Benidorm bautizado como Terra Mítica (hoy en manos privadas que nada tienen que ver con la anterior etapa tras su venta, a finales de 2011, por 65 millones, la sexta parte de lo que costó), el sueño faraónico de Zaplana e icono de su gestión que concentró el negocio del suelo -se reclasificaron los terrenos quemados-, sobrecostes de casi 150 millones de euros (costó más de 400), y la inversión ruinosa de las cajas de ahorro intervenidas por el Consell, así como la práctica del enchufismo con amigos de la peña festera «Picarol». A Roberto Botella, el abogado que dio trabajo a Zaplana en su despacho como letrado, el expresidente le compensó nombrándole asesor de Terra Mítica, que se impulsó desde la Generalitat a través de la sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA). El cuñado del expresidente Justo Valverde también encontró acomodo en el complejo de atracciones como jefe de compras en 1999. Luego lo sería de personal hasta 2005.
El 1 de agosto de 2000 se abría al público el parque de ocio, inaugurado oficialmente tres días antes, con un accidentado estreno que provocó el cierre durante unas horas. El pico de visitantes lo alcanzó al año siguiente al rebasar los dos millones de personas, pero a partir de ahí la gráfica cayó en picado y en 2004 se vio abocado al concurso de acreedores al no poder hacer frente al pago del crédito sindicado de 111 millones firmado con la CAM, Bancaja y el Banco de València, entre otros. A los tres años de la apertura, las pérdidas crecían hasta los 200 millones. En diciembre de 2002, Bancaja aún prestó otros 30 millones para reflotar el proyecto emblema de la era Zaplana (1995-2002).
Terra Mítica no escapó a las irregularidades y fue foco de corrupción. El empresario Vicente Conesa, viejo conocido de Zaplana de su época de alcalde -le adjudicó en 1992 los mapas sonoro y verde de Benidorm por más del doble del precio de mercado-, fue acusado por la Fiscalía de ser el cabecilla de una trama para defraudar en el IVA e impuesto de sociedades por 4,4 millones entre 2000 y 2001. La Audiencia de València condenó, en abril de 2016, a dos exdirectivos de Terra Mítica y a 20 empresarios por esa trama de las facturas falsas en el parque temático a penas que suman un total de 305 años y cuatro meses de prisión, y multas que suman 71,2 millones. Conesa, principal contratista del parque, fue condenado a 23 años y 10 meses de prisión. Al cuñado de Zaplana el tribunal le impuso una pena de 5 años y diez meses de prisión, la misma a la que fue condenado el exdirector técnico, Antonio Rincón.
Cambio del proyecto de Lerma
Zaplana supo rectificar a tiempo su oposición (lo veía «carísimo» por sus 180 millones previstos) al proyecto estrella de la Generalitat socialista de Joan Lerma de la Ciudad de las Ciencias. Una vez logrado el mando y en su visión de que las infraestructuras lúdicas reflejarían el «poder valenciano» y elevarían la autoestima, el presidente modificó el proyecto eliminando la torre de telecomunicaciones y añadiendo el Palau de les Arts y l'Oceanogràfic. El artista Santiago Calatrava vio mejorados sus emolumentos en 42 millones y rozó los cien por el conjunto, cuyo precio final ha supuesto unos sobrecostes de 600 millones llegando a los 1.300 globales. Por ejemplo, el Ágora -donde el actual Consell de Ximo Puig ha negociado la instalación de un CaixaForum para darle contenido- costó cinco más de lo previsto (de 20,7 a 93 millones). Al margen de los sobrecostes, también proliferaron los contratos a dedo, una práctica anómala denunciada por el Síndic de Comptes y publicada por este diario. Así, la concesión de las obras de l'Oceanogràfic se hizo sin mediar concurso por un valor de unos 2,7 millones de euros.
Además del parque de atracciones Terra Mítica que iba a convertir un «erial» en una mina de oro, otro de los proyectos que pretendía convertir a Alicante en un Hollywood fue la fracasada Ciudad de la Luz, que está en venta y con una condena de la Unión Europea por ayudas públicas ilegales de 265 millones. La multinacional del cine Paramount cobraría 6,6 millones a cambio de «estar disponible» para realizar trabajos para el complejo como una especie de consultora.
Tras querer inmortalizar su marcada personalidad con grandes obras, Zaplana buscó la proyección más allá del Palau de la Generalitat, con mirada hacia Madrid y Europa (fue vicepresidente del Comité de las Regiones). Para ello se fotografió con el cantante Julio Iglesias, al que contrató a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) para promocionar la Comunidad Valenciana con conciertos en el exterior (Orlando, Moscú, Tokio, México y Shangai) y de paso devolverle con dinero público el apoyo del artista a Aznar en la campaña de las elecciones generales de 1996 con el macromitin de Mestalla, el campo del Valencia. En teoría, el ganador del festival de Benidorm cobró 2,25 millones de euros por prestar su imagen, pero se llevó 990 millones de pesetas (casi 6 millones de euros) libres de impuestos, tal como informó este periódico a lo largo de una larga década con más de 250 noticias sobre los pagos en A y en B, con facturas falsas y por conceptos camuflados.
El dinero público voló a paraísos fiscales, los mismos a los que habría recurrido Zaplana para evadir las comisiones que supuestamente habría cobrado por las adjudicaciones de las ITV y Plan Eólico, y que estaría blanqueando en los últimos años a través de testaferros. Hasta Julio Iglesias admitió los pagos y el exdirector general del IVEX y prófugo por otra causa, José María Tabares, declaró ante el juez que actuó por orden de Zaplana y Juan Francisco García, su mano derecha y también detenido en la operación «Erial».
Al margen de las obras -promovió la Ciudad de la Justicia- las privatizaciones en el sector público fueron también sello de su gestión. Su máximo exponente en sanidad fue el hospital de Alzira construido en su primer mandato -el actual Consell acaba de volver la gestión a lo público-, mientras que en su segunda legislatura trasladó el modelo a los Servicios Sociales con un gran concurso de 9.000 plazas de la tercera edad.
Anunció la privatización de Canal 9 pero se fue a Madrid de ministro de Aznar sin concluirla. Esa televisión valenciana fue la que controló al extremo para culminar el éxito electoral que le llevó a la mayoría absoluta en 1999. Por la dirección del complejo de Burjassot pasaron Jesús Sánchez Carrascosa, responsable de campaña de Zaplana, y Genoveva Reig, jefa de prensa del president cuando era alcalde de Benidorm. Un informe de 2001 del comité de empresa hablaba de 328 apariciones de Zaplana frente a las 37 del socialista Pla y las 16 de Ribó, entonces en EU.
